El Gobierno se replantea el ‘impuesto al sol’ a causa de su coste electoral

La cercanía del calendario electoral, pues cada vez gana más enteros la posibilidad de que los comicios generales sean a mediados de diciembre, ya ha empezado a marcar la agenda de decisiones económicas del Gobierno. Y uno de los efectos es que las decisiones más controvertidas se están replanteando

Es el caso del llamado ‘impuesto al sol’, la nueva tasa que pretende imponer el Gobierno al autoconsumo de luz a través de paneles solares.

La Fundación Renovables se ha embarcado en una campaña de influencia para hacer frente a lo que consideran «presión desmedida» del ‘lobby’ eléctrico a favor de sus propios intereses. Sobre la mesa, la pugna entre discernir si hablamos de un problema de ahorro energético para consumidores pequeños o, por el contrario, de una vía de negocio creciente para muchas empresas

El Ministerio de Industria se ha inclinado hasta ahora más por la segunda tesis, justamente la defendida por la patronal eléctrica Unesa, bajo el argumento de que «todos los españoles» debemos sufragar los costes del sistema según el uso que hagamos de mismo. Y bajo esa óptica, quien tiene una placa fotovoltaica y está enganchado la red supuestamente la utilizaría más en función de los imprevistos que tenga en su instalación, desde no generar suficiente capacidad a precisar más potencia

Costes

La idea inicial del departamento que dirige José Manuel Soria era establecer un denominado «peaje de respaldo» para gravar ese uso ‘especial’, aunque al final lo ha sustituido por varios «cargos» si bien con cuantías equivalentes a aquel. Y habrá un descuento por los ahorros en transportes que aportan las placas, pero se le sumarán «otros costes». Calculan desde Unef, la patronal fotovoltaica, que con ello el incremento del coste eléctrico sería del 13% para las instalaciones domésticas y de casi un 100% en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (‘pymes’) que usan paneles, pues solo quedarían liberados de peajes los consumidores de hasta 10 kilovatios/hora —según Unesa, la media por hogar es de 5,5 kW—. Y en Canarias, Ceuta o Melilla, dependientes de la energía peninsular, los autoproductores solo quedarían exentos de este ‘impuesto al sol’ hasta 2020 .

Desde el Ministerio argumentan frente a las críticas que el autoconsumo se gravará con un peaje especial porque sus usuarios no solo podrán tomar electricidad de la red, sino también vender a otros operadores la energía que les sobre. La respuesta de la Fundación Renovables es que los nuevos cargos son «discriminatorios» porque esos consumidores, sean particulares o empresas, ya pagan los costes del sistema de dos formas.