Las demandas obligarán a Volkswagen a asumir un coste multimillonario
La denuncia de Audi se suma a las de los consumidores afectados por el fraude.
Vehículos Volkswagen que esperan a ser embarcados para su distribución desde Alemania.
Las consecuencias económicas que el Grupo Volkswagen tendrá que asumir si el escándalo de los motores diésel manipulados crece al ritmo que lo está haciendo será millonario. Por lo pronto, al fabricante automovilístico se le acumulan las acciones en forma de demandas interpuestas incluso desde dentro de la propia compañía.
Audi, una de sus marcas de referencia, también ha presentado una querella por supuestos delitos contra el derecho penal alemán a su matriz. La denuncia de Audi es la última que le ha llegado a Volkswagen por engañar a las autoridades medioambientales en las mediciones de contaminación de sus diésel. El fabricante de vehículos de lujo indicó ayer que ha realizado esta acción para ofrecer transparencia ante el escándalo. «Queremos contribuir al proceso de esclarecimiento», afirmó un portavoz de la firma. «No toleramos ninguna práctica empresarial que viole la legislación vigente o los valores fundamentales», añadió. Con esta estrategia intentan protegerse antes de que el escándalo pueda afectar a las cuentas de su división.
La primera institución en actuar contra el consorcio automovilístico germano fue la Agencia de Protección Ambiental norteamericana (EPA, en sus siglas en inglés), al hacer público el caso el pasado 18 de septiembre. La multa de la EPA podría ascender a 18.000 millones de euros, la más elevada nunca impuesta por esta organización. Además, Volskwagen tendría que asumir el coste de la revisión de los 11 millones de vehículos trucados; hacer frente a las demandas colectivas que triunfen; sufragar otro tipo de gastos asociados a la propia reparación... Algunos expertos indican que el importe podría llegar a los 40.000 millones. Muy lejos de los 6.500 millones que la empresa provisionó inicialmente.
Demandas sin fin
El reguero de procesos judiciales no tiene fin. Después de las demandas presentadas por varios bufetes de abogados en Estados Unidos y Canadá, e incluso en distritos del Estado de Texas, a este lado del Atlántico comienzan a moverse autoridades y consumidores. A las medidas que tomen las instituciones comunitarias —hoy jueves se reúnen los ministros de Industria de la Unión para analizar las consecuencias de este fraude masivo— hay que sumar las de las instancias judiciales de cada país, como la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno ya se ha dirigido a la Fiscalía para preguntarle si es competente para investigar la querella del sindicato Manos Limpias contra los presidentes de Volkswagen Audi España; Volkswagen Navarra; y Seat. Este sindicato presentó una querella en la Audiencia Nacional una semana después de que el grupo reconociese el falseamiento de los motores. En esa denuncia indicó que los responsables de la firma habrían cometdio delitos de estafa, contra el medio ambiente, falsificación documental, fraude y contra la Hacienda Pública.
Mientras tanto, otras asociaciones, como Facua o la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) fueron las primeras en movilizarse. En el caso de Facua, que creó una plataforma para asesorar a los perjudicados, ha conseguido que más de 11.100 personas se hayan unido a este grupo en tres días.