Rato, bajo sospecha por más posibles amaños en contratos de su paso por Bankia

Rodrigo Rato, quien fuera ministro de Economía con los gobiernos de José María Aznar, tendrá que volver a declarar en calidad de investigado por el presunto amaño de contratos mientras dirigió Bankia. El juez de Madrid que investiga el origen de su patrimonio millonario -cuantificado por Hacienda en un «mínimo» de 26,6 millones de euros- y la ocultación a Hacienda de una parte del mismo le ha citado el próximo 19 de febrero.

También deberá comparecer el mismo día Alberto Portuondo, aparente conseguidor de los contratos y supuesto testaferro del ex político. Junto a él lo harán otros dos investigados, directivos de empresas implicadas, y dos testigos más.

Para ello, el instructor ha abierto otra pieza separada del caso -donde hay casi una veintena de investigados por delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares- que ha declarado secreta. En ella indaga si, aparte de dos de los contratos adjudicados al grupo Publicis por casi 24 millones de euros -dos de sus directivos están citados el 18 de febrero, también como investigados- a cambio de comisiones (dos millones fueron a Portuondo, que luego derivó 835.000 euros a Rato), hay otros acuerdos de adjudicación sospechosa.

Entre los contratos mirados con lupa están los suscritos con la firma de inversión Lazard, de la que el ex presidente de Bankia fue directivo. En concreto, sus servicios fueron requeridos hasta en cinco ocasiones desde el banco por un importe global de 16,4 millones para asesorar, entre otras cosas, su polémica salida a bolsa. Pero tras la marcha forzada de Rato el nuevo equipo gestor de Bankia anuló el acuerdo más importante, de 10,6 millones, pensado en teoría para que la adjudicataria buscara posibles compradores para la entidad financiera.

Sin considerar este último contrato, el más cuantioso fue precisamente el más controvertido, puesto que Lazard percibió 2,9 millones por prestar consejos financieros al banco con ocasión de su operación de venta pública (OPV) en julio de 2011. Cabe recordar que por esta operación terminaron luego imputados en la Audiencia Nacional todos los miembros de su consejo de administración acusados, entre otros delitos, de una presunta estafa a los pequeños inversores.

Andreu también investigó meses atrás los contratos de Lazard, sobre todo a raíz de que la Fiscalía Anticorrupción preguntara al propio Rato «ex profeso» por los pagos que recibió de dicha firma. En total, percibió 8,4 millones por poco más de dos años de trabajo como director general «senior», y a su vez tras haber dimitido de su cargo como director gerente del FMI.