Las autonomías disparan su gasto en personal e inversión pública
El incumplimiento en casi un punto -en términos de Producto Interior Bruto (PIB)- del tope de déficit presupuestario comprometido para 2015 con Bruselas siguió generando ayer una polémica agria a costa de quienes son los principales responsables del mismo. Desde el Gobierno se reconoce que el desfase contable de la Seguridad Social sigue siendo un problema -un 1,26% el año pasado-, pero se confía en encauzarlo de forma progresiva y reducirlo algo durante 2016.
Su principal preocupación son las cuentas autonómicas, donde aprecian con sorpresa el crecimiento de dos partidas de gasto que a nivel país sí se han logrado moderar. De un lado, las inversiones públicas, que se desbocaron un 34% en las comunidades hasta sumar 12.463 millones de euros mientras el Estado sólo las aumentaba un 5,8% y empleaba en ello 4.362 millones, casi tres veces menos que las regiones.
El otro punto de atención especial son los sueldos del millón largo de empleados públicos autonómicos. En 2015 aumentó un 4% de media, frente al 2% en que lo hizo la retribución del Estado y el resto de la Administración Central. En el sector privado, por su parte, el coste salarial ordinario creció un 0,8%.
«Incoherente»
Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tachan ese crecimiento de «desproporcionado» y, sobre todo, «incoherente» puesto que la mayoría de las autonomías dependen a día de hoy del Estado para financiar su deuda, y este sí ha optado por controlar el gasto en remuneraciones. En ambos casos, no obstante, se incluye el efecto de la devolución parcial de la paga extra suspendida en 2012, que ha supuesto 946 millones de gasto extra a nivel autonómico. Sin ello, el montante salarial de las comunidades habría crecido un 2,5%, duplicando con creces lo que pasó en el Estado y también en las empresas privadas.
En el plano político PP y PSOE se cruzaron críticas sobre la «herencia» que tendrá el nuevo Gobierno en forma de reducción obligada del déficit en 2016. Con el ojo puesto en el desbocado gasto autonómico (casi un 1,7% de descuadre presupuestario el año pasado frente al límite del 0,7%), la Xunta de Galicia fue la única administración regional que admitió la responsabilidad de las comunidades.