Las autonomías hablan de falta de recursos y excesivo gasto social
«Nos hemos desviado del objetivo de déficit, tenemos una causa y debemos encontrar a los responsables de esa desviación». La afirmación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al anunciar a finales de marzo que España había cerrado 2015 con un desfase presupuestario del 5% frente al 4,2% comprometido con Bruselas tuvo enseguida una respuesta: las comunidades autónomas. Así lo muestran tanto los datos -la administración regional se excedió en un punto sobre el límite del 0,7% fijado-, como la propia actitud del Gobierno.
Y es que por primera vez el Ejecutivo ha presionado con aplicar medidas coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad para que las comunidades corrijan la desviación y cumplan este año. Sin embargo, las autonomías se defienden e insisten en que el problema radica en su falta de recursos, y en que cargan con la mayor parte del gasto social como la sanidad y la educación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién tiene razón?
«Los gobiernos regionales no tienen margen para cumplir con la senda de estabilidad», explica el profesor de Economía de Esade Jesús Palau. En su opinión, el problema fundamental es que «la reducción del déficit es muy complicada a no ser que afecte al gasto social». En este sentido, defiende que sea el Estado el que realice un mayor esfuerzo en la consolidación fiscal y dé mayor holgura a las comunidades.
Precisamente el nuevo Programa de Estabilidad otorga cuatro décimas más a las autonomías, pasando de un objetivo del 0,3% al 0,7%. Sin embargo, las regiones consideran que sería necesaria una mayor flexibilidad, sobre todo si se compara con el 1,8% que se reserva el Estado a pesar de soportar un menor gasto social. De hecho, 11 comunidades se han visto obligadas a realizar un ajuste de 2.037 millones para este año a fin de reconducir su desfase.
Palau estima que el problema presupuestario de las comunidades es estructural, y «por eso incumplen el objetivo de forma reiterada». Este experto considera que el sistema de financiación «no es bueno» y defiende que las autonomías reciban «más transferencias por parte del Estado». Precisamente, tanto los gobiernos regionales como el propio Ejecutivo central están de acuerdo en que es necesario abordar un nuevo sistema de financiación.