Las pymes sufren la peor morosidad empresarial desde hace cinco años

david valera | madrid

La morosidad empresarial vivió en 2015 un mal año debido al aumento del retraso en el pago de las facturas a los proveedores, en su mayoría pymes. De hecho, la mora que sufren estas pequeñas y medianas compañías empeoró el pasado ejercicio hasta suponer el 71,3% de la deuda comercial, el dato más elevado desde 2011 (74,9%). Esto significa que las facturas pendientes de cobro que han excedido el límite legal de 60 días equivalen a una deuda de 210.841 millones de euros, lo que implica 5.690 millones más que hace un año. En su mayor parte los deudores son grandes empresas que utilizan su posición dominante para establecer plazos de pago que son muy dilatados.

Por todo ello el índice sintético de morosidad empresarial (que tiene en cuenta la deuda comercial con retraso en el abono y el periodo medio de pago) se incrementó en 2015 hasta los 93,5 puntos. Un dato que rompe la tendencia bajista de los últimos ejercicios, según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial presentado ayer por Cepyme. Este peor resultado se debe a que el problema de la morosidad es estructural y no se ha resuelto bien en el caso del sector privado (las administraciones públicas han mejorado en los últimos años). De esta forma, según los autores, cuando la actividad económica mejora como ocurrió en 2015 también aumenta la morosidad.

Precisamente por esto, el secretario general de Cepyme, José Alberto González-Ruiz, resaltó que la morosidad «sigue siendo una de las causas más influyentes en el cierre de miles de pymes». En este sentido, volvió a solicitar al Gobierno que se establezcan «sanciones e infracciones de forma proporcional y objetiva» que actúen de forma disuasoria contra las empresas que incumplen el plazo legal de 60 días de pago a proveedores. Algo que ya sucede en el sector público, donde Hacienda ha retenido los recursos a Extremadura y Aragón por incumplir de forma reiterada el pago a proveedores.

La paradoja se encuentra en que el periodo medio de pago en el cuarto trimestre del año pasado se redujo hasta los 79,7 días frente a los 81,5 de 2014. Esta aparente contradicción se debe a que el retraso se concentra en mayor medida en plazos no superiores a los 30 días sobre el plazo legal (es decir, inferiores a 90 días). Si se analiza por sectores, las empresas de construcción y textil son las que sufren mayores retrasos en el cobro de sus facturas, con 92 y 90,2 días, respectivamente. En el extremo positivo se encuentran las compañías de la industria química, de papel y artes gráficas y de distribución alimentaria, todas ellas con un periodo de retraso inferior a los 75 días.

El estudio también muestra que las empresas más pequeñas pagan antes a sus proveedores que las más grandes.