El indulto de Juncker a Rajoy pone al límite las reglas fiscales en la UE
Berlín exige que un ente independiente sea el guardián del Pacto de Estabilidad, que ya está herido.
adolfo lorente | bruselas
Confesaba un alto cargo comunitario hace un par de semanas que «España no es consciente de que se ha convertido en un debate europeo». «Siguen a lo suyo, hablando de sus cosas, mientras otros países sí hablan de ella», lamentaba. Quizá éste sea uno de los grandes males de la clase política de la cuarta potencia del euro, que sigue sin darse cuenta de lo que es Bruselas, lo que supuso el rescate financiero de 2012 y de que en el club de clubes hay unas reglas que deben cumplirse o, al menos, hacer todo lo posible para conseguirlo. Porque sin quererlo -emocionalmente, España no tiene el liderazgo de Italia-, el Gobierno de Mariano Rajoy ha provocado un tsunami político en el conjunto de la UE sobre sus sagradas reglas, sobre la viabilidad de un Pacto de Estabilidad y Crecimiento (límite del 3% de déficit y 60% de deuda) al que muchos ya dan por muerto… Otra vez.
El miércoles, España evitó sobre la bocina el estigma de ser el primer país europeo en sufrir la apertura de un procedimiento sancionador por «no haber tomado acciones efectivas» en 2015 para cumplir el déficit. «No era el momento apropiado ni política ni económicamente», justificó el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Todo se aplazó a julio, después de las elecciones generales del 26-J. Se retrasó, no se canceló. Dentro de seis semanas volverá a sonar la misma serenata y, entonces, España tendrá muy difícil librase de un proceso que durará un par de meses y podría acabar en una multa de hasta el 0,2% del Producto Interior Bruto (unos 2.000 millones) pero que puede ser minorada e incluso cancelada.
Rajoy se libró porque el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hizo valer su fuerza. Se salvó por una decisión política para no influir en las elecciones y por la proximidad del referéndum británico el 23-J. Rajoy volvió a gastar una de sus muchas vidas pero ha sumido a la UE en un debate de inciertas repercusiones. Y sin quererlo también ha podido certificar el final del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), el mismo que Alemania y Francia enterraron en 2003 para evitar ser multadas. Lo lograron pese a que países como España votaron en contra. Ayer, lo sucedido hace 13 años volvió al primer plano.