El juez del caso Rato no ha logrado la colaboración de otros estados
Envió con retraso unas comisiones rogatorias incompletas que ha tenido que ampliar a cinco países.
Rodrigo Rato sale de su domicilio el día que fue detenido. LUCA PIERGIOVANNI
j. a. bravo | madrid
La causa abierta contra Rodrigo Rato por la ocultación del origen de su patrimonio multimillonario, que se vincula en parte con la posible comisión de varios delitos de distinto tipo, avanza lentamente. Y uno de los ejemplos más significativos es que 15 meses después de iniciarse la instrucción judicial -hasta entonces las pesquisas estaban en manos solo de la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Madrid- el magistrado instructor no ha logrado la colaboración de otros países, imprescindible para seguir el rastro de los fondos del que fuera vicepresidente económico del Gobierno.
Las reticencias habituales en países que han sido considerados paraísos fiscales -o, al menos, actúan en ocasiones como tales- se unen aquí al propio retraso de la justicia. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, no cursó las primeras peticiones de ayuda internacional hasta finales del año pasado, al tiempo que el Tribunal Supremo resolvía de forma definitiva que la competencia del caso era suya y no de la Audiencia Nacional pese a figurar entre los delitos investigados un presunto lavado de dinero en el extranjero y que, según el juez y la Fiscalía Anticorrupción, aquella tenía más medios para acudir a otros Estados.
No obstante, el instructor ya venía practicando distintas diligencias desde julio de 2015 e incluso a finales de septiembre le impuso una fianza civil de 18 millones de euros -por la que luego ordenó su embargo- tras imputarle ya formalmente por sendos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, a los que luego uniría el de administración desleal. De hecho, la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le reiteraron en varias ocasiones distintas la necesidad de cursar diferentes comisiones rogatorias.
Al retraso en enviar esas peticiones de auxilio internacional se unió luego lo incompleto de su contenido. El juez lo admite así en una resolución de principios de mayo -conocida ahora-, en la que ordena fundamentar mejor dichas solicitudes tras «haber sido devueltas a fin de que se proceda a ampliar los hechos» que las motivan. Quien firma las comisiones es él mismo, aunque se basa en un informe previo de la UCO donde se afirma que «es probable» que el origen «ilícito» de los fondos que se investigan en este procedimiento «sea precisamente un delito económico».
Son depósitos bancarios «abiertos en distintos países -se menciona en concreto a Reino Unido, Suiza, Mónaco, Estados Unidos- cuya existencia ha permanecido oculta a la Agencia Tributaria» hasta que en 2012 se aprobó la declaración de bienes en el exterior.