Adif deberá devolver al Gobierno 140 millones por exigencia de la UE

adolfo lorente | bruselas

Nuevo varapalo de la Comisaría de Competencia de la Comisión Europea al Gobierno de España por ayudas de Estado incompatibles con la legislación comunitaria. Bruselas anunció ayer que el Ejecutivo deberá recuperar 140,7 millones transferidos desde 2011 al administrador de infraestructuras ferroviarias del Ministerio de Fomento (Adif) para la construcción del llamado Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (Ceatf) en Antequera, Málaga. El proyecto, ideado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y valorado en 358,6 millones, nunca ha terminado de arrancar, de ahí que la defunción burocrática que supone la decisión de la Comisión no ha pillado por sorpresa a casi nadie.

Una sociedad 100% pública debe devolver al Gobierno un dinero que le dio para un proyecto que no se hará, de ahí que en lo económico, el impacto para las arcas públicas españoles es neutro e incluso beneficioso ya que se dispondrá de 140,7 millones con los que no se contaba. El golpe es político. Por la forma en la que se ha hecho tanto la transferencia de capital como por la propia concepción de un proyecto que sonaba muy bien pero que en la práctica, albergada demasiadas dudas. «La ayuda concedida por España a Adif para la construcción de un centro de ensayos de alta velocidad en Andalucía no corresponde a un auténtico objetivo de interés común», zanjó el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso.

El Ceatf, coloquialmente llamado anillo ferroviario de Antequera, es un circuito donde los trenes pueden circular a altísima velocidad (hasta los 520 kilómetros por hora) «con instalaciones adicionales para el ensayo, la homologación y la puesta a punto de material ferroviario, de elementos de infraestructura y superestructura», como recordaron fuentes de la Comisión. ¿Era necesario? Radicalmente no, concluye tras una investigación que se inició hace ya más de un año por los servicios de la comisaria Margrethe Vestager.

El proyecto fue anunciado a bombo y platillo por el último Gobierno de Zapatero en 2011, ya en plena crisis (al año siguiente se produjo el rescate financiero). En un principio iba a ser 100% de titularidad pública, pero cuando llegó el PP al Gobierno a finales de ese año, decidió cambiar el paso y apostar por un modelo público-privado para que los contribuyentes no pagasen toda la factura. ¿Qué ocurrió? Que el concurso público quedó desierto al no presentarse ninguna empresa al considerar que el proyecto, con las condiciones que se establecían no era rentable. Pasó el tiempo y los más de 200 millones de fondos europeos que en un principio se anunciaron prescribieron. El Gobierno notificó estas ayudas «en septiembre de 2013», pero Bruselas ha comprobado que se entregaron 141,7 millones desde 2011. Se trata de la cantidad que hay que recuperar.