Bruselas no volverá a perdonar a España si no cumple con el déficit

adolfo lorente | bruselas

Hay incluso quien le reprochará que benefició a España sin pretenderlo, que lo que buscaba era defender a la izquierdista Portugal, liderada por los socialistas pero arropada por los comunistas y el Podemos luso. Y claro, como la Península Ibérica iba en el mismo ‘pack’ sancionador por el déficit, no tuvo más remedio que apoyar al muy conservador Gobierno popular de Mariano Rajoy, al que siempre ha pretendido zancadillear, como se le acusó sin ambages desde Madrid en octubre de 2015. Hipótesis rocambolescas al margen, lo cierto es que si el pasado 27 de junio España se libró de ser el primer país de la Unión Europea en ser multado por su desobediencia fiscal fue, sobre todo, gracias al socialista francés Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos.

Así lo corroboran las actas de aquel Colegio de Comisarios, quizá uno de los más emocionantes de la era liderada por Jean-Claude Juncker. España se enfrentaba a una sanción de hasta el 0,2% de su PIB (en torno a 2.000 millones) por haberse saltado los objetivos fiscales de 2015. También podía ser de 100, 200, 500 o incluso anularse. Todo era posible y lo imposible (la cancelación) sucedió. Ni en Madrid se lo creían. Todos daban por hecho amortiguar el golpe político con una multa de en torno a 300 millones, pero a las 13.18 horas llegó el «milagro», como lo calificaron fuentes diplomáticas.

Se gestó gracias a varias personas. El papel que jugó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble, fue esencial llamando a quien tenía que llamar en el momento adecuado. Pero fue Moscovici quien se enfrentó a los halcones del Colegio, liderados por los vicepresidentes Valdis Dombrovskis y Jyrki Katainen (del PP), que pedían sanciones simbólicas.

La intervención del exministro francés de Finanzas fue todo un alegato a la necesidad de apostar por tomar una decisión política en lugar de ceñirse solo al cumplimiento estricto de unas reglas sin alma. Habló de los «excepcionales esfuerzos realizados por España y Portugal durante la crisis» y alertó del peligro que existía de que el proyecto europeo perdiese apoyo en dos países que han «sufrido mucho».

Viendo que eran minoría, Dombrovskis no planteó mayor batalla y el presidente dictó sentencia: cancelación. Ojo, pero no termina aquí el asunto. En su corolario del debate, Juncker corroboró el sentir de Moscovici pero advirtió de que no les temblará la mano a la hora de aprobar la congelación de fondos estructurales a estos dos países. Los halcones dieron su bendición y el resto del Colegio, también. Se trata de la segunda parte del capítulo sancionador: la congelación de fondos estructurales referidos a 2017.

Aunque hay pendiente un «diálogo» con el Parlamento, lo que diga la Eurocámara no es vinculante. La normativa «obliga» a la Comisión a congelar los fondos y luego le confiere potestad para levantarlos si España presenta medidas para garantizar la sostenibilidad de sus cuentas. Bruselas sigue guardando silencio y como evidencian las minutas de aquel Colegio de Comisarios, España ya no tendrá quien le salve.