Más de un año de la renta para hacer frente a la deuda pública
Castilla y León necesita 72 días de trabajo por habitante para pagar su déficit autonómico.
j. m. camarero | madrid
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado sus propias balanzas territoriales, aunque en esta ocasión las ha elaborado en materia de deuda pública, y no de corte fiscal, como se venían publicando periódicamente por otras instituciones. En su novedoso Observatorio, el organismo indica el plazo que cada ciudadano tardaría en pagar la deuda pública de su comunidad, además de la estatal, a lo largo de un año, e incluso más allá. Porque los habitantes de diez regiones destinarían más de 12 meses en realizar ese hipotético pago referido a 2016.
Se trata de casi 25 millones de ciudadanos, esto es, un 54% de la población total de España, los que tienen que asumir más de un ejercicio de su trabajo para pagar esa hipoteca de las administraciones. Los de Extremadura cargarían con una losa de más de 16 meses (484 días). Incluso, el plazo sería también superior a los 15 meses en Castilla-La Mancha (482 días), Comunidad Valenciana (464), Región de Murcia (446) o Andalucía (456).
Castilla y León necesita 72 días de trabajo por habitante para pagar su deuda autonómica, el séptimo menor esfuerzo.
Aún por encima de los 12 meses se encontrarían en el Principado de Asturias (377), Islas Baleares (375), Canarias (380), Cantabria (393), Galicia (381). El esfuerzo sería inferior al año en el resto de regiones, y en especial en País Vasco, donde destinarían 264 días de trabajo al año en asumir la deuda, Navarra (292), y Madrid (255 jornadas).
Los cálculos elaborados por la AIReF esconden una realidad muy heterogénea, dependiendo de cada región. Porque ese plazo por el que los ciudadanos tendrían que destinar de su renta para liquidar la deuda pública ha sido elaborado con la referencia del Producto Interior Bruto (PIB) de cada autonomía, al relacionar el endeudamiento regional, primero, y estatal después, proporcionalmente entre sus habitantes. De esta forma, los territorios que tienen «más población relativa que PIB relativo salen desfavorecidos».
Es lo que ocurre en las regiones con menor renta per cápita, como Extremadura, Canarias o Andalucía. Estas tres comunidades se ven más impactadas en el reparto de la deuda común pese a no acumular tanto endeudamiento autonómico como en Cataluña.