Anticorrupción arremete contra los 65 imputados en el caso de las tarjetas black
j. a. bravo | madrid
«Es qué acaso 12 millones de euros no tienen trascendencia en los gastos de caja de una compañía o más bien debemos entender que no son nada en la inmensidad de pérdidas de Bankia. ¿Y si hubieran sido 1.200 millones?». Con estas palabras la Fiscalía Anticorrupción trató de desmontar ayer una de las principales tesis de los abogados de los 65 altos cargos de Bankia y Caja Madrid que se sientan en el banquillo.
«Todos hemos pagado el costosísimo rescate de Bankia y yo estoy aquí para defender esos intereses», advirtió el fiscal Alejandro Luzón.
«El FROB ha inyectado dinero» y la entidad está «obligada a reintegrarlo», apuntó más tarde su abogado para sostener que Bankia sí es «perjudicada», argumento al que se acogió también el letrado de BFA (su matriz), mientras que el representante del FROB (que controla el 64% de Bankia) dijo que actúan por «mandato legal» y no de forma «caprichosa».
La siguiente cuestión delicada planteada por las defensas era que se habrían vulnerado supuestamente derechos fundamentales de sus patrocinados por acceder sin autorización judicial a información bancaria de estos que afectaría a su «libertad» y «dignidad», e incluso que esos archivos podían haber sido «falseados» o, al menos, «manipulados». Para el fiscal ninguna de esas alegaciones se sustenta.