Las comunidades solicitarán una reunión para aumentar su déficit
Los ejecutivos se quejan de que la parálisis gubernamental les tiene «entre la espada y la pared».
El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, de cuyo departamento dependen los ajustes del PIB. EFE
josé antonio bravo | madrid
El ‘sudoku’ presupuestario que ha generado la incertidumbre política, con un Gobierno en funciones hace casi 10 meses, parece haber colmado ya la paciencia de buena parte de los Ejecutivos autonómicos que, según fuentes cercanas a varios de ellos, parecen decididos a solicitar formalmente al Ministerio de Hacienda que convoque «a la mayor brevedad posible» una reunión especial del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobre la mesa habría un asunto prácticamente monográfico: actualizar, en este caso al alza, los objetivos de déficit de las comunidades para este año y los dos próximos.
Desde las administraciones regionales se vienen quejando desde hace semanas de que la parálisis gubernamental les tiene «entre la espada y la pared» dado que ni siquiera se ha podido formalizar todavía el aumento de margen de déficit para este año, del 0,3% previsto inicialmente por los ajustes al 0,7% (el mismo que en 2015) en términos de Producto Interior Bruto (PIB), que el departamento de Cristóbal Montoro ya les anunció meses atrás. Aquel cambio se incluyó en el Programa de Estabilidad que España mandó a la Comisión Europea a finales de abril pero, al no haber podido aprobar el decreto anual de techo de gasto precisamente por estar en funciones, carece todavía de un respaldo normativo.
Esto es, el mayor margen que Hacienda concedió a las administraciones territoriales se ha quedado por ahora en papel mojado. Para solucionarlo el PP presentó hace una semana en el Congreso una reforma exprés y “puntual” de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permitirá al Gobierno establecer los objetivos de déficit para las comunidades pese a que los del Estado todavía no se conozcan, al igual que tampoco el límite de gasto no financiero.
Si los plazos previstos se cumplen, y dado que en Moncloa creen contar con un respaldo parlamentario «suficiente» para este asunto, la modificación estaría aprobada a finales de mes antes de la posible fecha de disolución de las Cámaras (31 de octubre) en caso de que hubiera que ir a unas terceras elecciones legislativas en apenas un año.
Sería entonces cuando se convocaría ese encuentro del Consejo de Política Fiscal que quieren promover ya varias comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria y Canarias. Otras, incluidas algunas donde gobierna el PP como Castilla y León o Madrid, podrían seguir el mismo camino ante el riesgo de tener que prorrogar sus textos presupuestarios porque unos nuevos resultarían «ficticios».
Diferencias
En esa reunión, sin embargo, pueden surgir más problemas de los previstos pues Gobierno y autonomías tienen posturas diferentes. Montoro ha dado por hecho que el límite de déficit para las comunidades será del 0,7% —menos de la mitad de su desfase en 2015, que rozó el 1,7% del PIB— porque «no habrá negociación sobre la cifra» para este año, aunque sí aceptaría modificarla algo para los siguientes. Su principal argumento es que gracias a la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2014 en julio recibieron una inyección de 8.500 millones de euros, que les permitió reducir un 90% su desfase acumulado hasta quedar en el -0,07% del PIB (830 millones).