Unos 64.000 hogares se valen de acuerdos para poder pagar la luz

j.m. camarero | madrid

La recuperación económica no ha llegado a los millones de ciudadanos que encuentran serias dificultades para abonar sus recibos de la luz. Ocho años después de que comenzara la crisis, España sigue sin contar con una normativa que regule el apoyo con el que pueden contar las familias vulnerables; los protocolos de actuación de las compañías cuando se encuentren ante este tipo de impagos; o la financiación de los ayuntamientos para dar protección.

Las tres grandes firmas del sector energético han venido acordando una serie de convenios con diferentes instituciones. Actualmente, se encuentran en vigor 251 pactos de este tipo. La corporación con más acuerdos en su mesa es Endesa (157). Cataluña es la comunidad autónoma donde más pactos ha firmado (37), seguida por Baleares (31), Canarias (25), Andalucía y Badajoz (51), así como en Aragón (siete) y otros a nivel autonómico en Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Cantabria. En el caso de Gas Natural Fenosa, se ha centrado en el área metropolitana de Barcelona, con 36 convenios en diversos municipios; también cuenta con ellos en otras siete urbes (Zaragoza, La Coruña, Castellón, Sevilla, Logroño, Almassora y Villagarcía de Arosa), y ultima más en Baleares y Aragón. Por su parte, Iberdrola ha firmado 44 convenios con administraciones, oenegé y asociaciones que cubren al 99% de sus clientes residenciales.

Con todos estos acuerdos, el número de hogares que se encuentran cubiertos por los convenios que les permiten sufragar sus facturas con ayudas públicas llegan a 64.100 en toda España

En cualquiera de los casos, se trata de grandes estimaciones, análisis o estudios que, aunque perfectamente documentados, no aciertan a oficializar quiénes son los ciudadanos energéticamente vulnerables. El último informe de Economics for Energy referido al año 2014 ya instaba a la necesidad de que la legislación «defina el concepto de forma lo suficientemente amplia como para recoger la especificidad de la misma sin dejar de tener presente que no es un fenómeno aislado, siguiendo la senda de otros países».

Desde organizaciones como ésta proponen un sistema en el que, una vez acotados los ciudadanos en riesgo por parte del Estado, se les dote de una especie de cheque para que puedan pagar el consumo básico mensual que necesiten. «Así garantizas que estas personas tienen la energía imprescindible para vivir», indica Pedro Linares, profesor de Icade y miembro de la asociación. Frente a ese cálculo, existen otras ideas para que se ayude con capital público y privado a los españoles que se encuentran ante estos problemas. Por ejemplo, Endesa ha propuesto la creación de tres fondos: uno para modificar el actual bono social y vincularlo a las rentas; otro para cubrir a los clientes en situación de pobreza energética; y un tercero de eficiencia. Supondrían un desembolso de 360 millones. Porque, por ahora, la situación en la que se encuentra este problema es «desconcertante», según indica Linares, quien expone que casos como el de la tragedia de Reus «demuestran que lo que hay es un desbarajuste» normativo.