El Gobierno escucha las propuestas pero gana tiempo para subir el SMI
Ofrece a los agentes sociales negociar el calendario pero con la vista puesta en dos legislaturas.

Rajoy y Fátima Báñeza, junto al presidente de la patronal y Cepyme y representantes de las organizaciones sindicales. CHEMA MOYA
lucía palacios | madrid
Primera reunión del Gobierno con los agentes sociales en esta nueva legislatura que ha echado a andar y ningún acuerdo por el momento encima de la mesa, pero sí se han fijado una serie de temas que hay que resolver en materia laboral y para lo que han establecido un calendario de actuación y la constitución de mesas de trabajo. Uno de ellos, de los que más polvareda levanta en estos últimos tiempos, es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha ofrecido a los sindicatos «negociar juntos un nuevo calendario».
Su objetivo es llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales para fijar el incremento pero no solo para el próximo año ni legislatura, sino con un horizonte de dos legislaturas por delante. En ningún momento la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha querido hablar de cifras concretas, apoyándose en que todavía están a la espera de la propuesta que les hagan las organizaciones empresariales. Lo que busca el Ejecutivo es arañar tiempo para aprobar lo que se está convirtiendo no solo en un clamor de los sindicatos, sino también de la mayor parte de grupos parlamentarios. El martes pasado el Congreso admitió a trámite una proposición no de ley para incrementar el SMI a 800 euros en 2018 con el compromiso de llegar a 950 al final de la legislatura.
Tanto el secretario general de UGT, Pepe Alvarez, como el de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, admitieron que sí hay un «compromiso de revalorización del SMI, pero que está muy lejos de la aspiración de establecerlo en 800 euros». Y es que si la propuesta admitida a trámite por el Parlamento excede los propósitos del Gobierno, aún más ambiciosa es la de los sindicatos: un incremento de 800 euros ya para el próximo 2017 y acabar la legislatura en los 1.000 euros mensuales, para situarlo de forma permanente en el entorno del 60% del salario medio neto, tal y como establece la Carta Social Europea.
Todo esto, además, el mismo día en que el Banco de España vuelve a apostar por la moderación salarial, pues —a su juicio— ha sido un factor fundamental en la recuperación del crecimiento económico y el empleo. Los interlocutores sociales pusieron de manifiesto que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a avanzar en el diálogo social pero siempre y cuando no se traspasen dos líneas rojas: no salirse del marco presupuestario pactado con Bruselas para poder cumplir con el objetivo de déficit y «no liquidar» las reformas realizadas en su mandato. Pese a esto, de la reunión mantenida este jueves se puede extraer una conclusión: que pese a que Rajoy no está dispuesto a derogar la reforma laboral, sí se ha mostrado abierto a revisar algunas de las partes, siempre y cuando la patronal y los sindicatos presenten alternativas pactadas.