El tiempo de pago a proveedores se reduce a la mitad sin cumplir la ley
Un 30% del medio millón de pymes que desaparecieron durante la crisis se debió a la morosidad.
david valera | madrid
Las facturas olvidadas en los cajones de la administración pública y de las empresas privadas se dispararon durante la crisis y tuvieron como principales damnificados a los proveedores, especialmente autónomos y pymes. De hecho, un 30% del medio millón de las pequeñas y medianas empresas que se perdieron en este contexto se debió a la morosidad. Las distintas medidas puestas en marcha desde el Gobierno han conseguido que el plazo de pago en el sector público se reduzca más de la mitad (56%) en cinco años, al pasar de los 162 días de 2011 a los 71 de 2016, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
En el ámbito privado la evolución también ha sido positiva aunque su reducción ha sido menor. En concreto, ha descendido de los 98 días a los 77 días en el mismo periodo, lo que supone una mejora del 21,5%. En conjunto (público y privado) el plazo cayó la mitad. Sin embargo, en ambos casos el tiempo se sitúa todavía por encima del marco legal de 30 días para la administración y 60 para el sector privado. Por ese motivo, los autónomos y las pymes insisten en la necesidad de implantar un régimen sancionador.
El primer paso para tratar de corregir este problema lo dio el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la aprobación de la Ley de Morosidad en 2010 que, entre otras cosas, fijó un periodo máximo de pago para la administración pública y el sector privado. La normativa anterior -de 2004- contemplaba el acuerdo entre las partes. Algo que pymes y autónomos denunciaron al considerar que favorecía a las grandes compañías.
Sin embargo, con la recesión el volumen de deuda pendiente de cobro se multiplicó. Según datos del Banco de España las administraciones públicas justo antes de la crisis, en 2007, tenían obligaciones pendientes de pago consolidadas por valor de 57.100 millones, el equivalente al 5,3% del PIB. Una cifra que se disparó hasta los 87.300 millones en 2011 (8,1% del PIB). El grueso de esa deuda comercial (75%) correspondía a las comunidades y a las corporaciones locales. «Entre 2008 y 2012 hubo un descontrol. La administración se financió a través de los proveedores», señala Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).
La situación en el sector privado también ha mejorado, pero sigue en un nivel elevado de morosidad con los proveedores. Así, la deuda comercial con retraso de pago (más de 60 días) de las empresas en el tercer trimestre de 2016 alcanzó los 202.218 millones, según el último boletín de la morosidad de Cepyme.