Anticorrupción cree que Rato pudo haber incurrido en nuevos delitos

J. A. Bravo | Madrid

La Fiscalía Anticorrupción considera que Rodrigo Rato podría haber incurrido en nuevos posibles delitos de cohecho y malversación de caudales públicas a raíz de que cinco firmas, algunas en apariencia meramente instrumentales, facturaran un total de 82,96 millones de euros a una docena de compañías privatizadas mientras fue ministro de Economía con los gobiernos de José María Aznar. De hecho, casi el 35% lo percibió mientras era miembro de aquel gabinete del PP.

Por ese motivo, el Ministerio Público ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, quien investiga a cuánto asciende realmente su patrimonio y si ha ocultado parte, que le vuelva a citar en calidad de investigado. Sería su quinta declaración en este caso desde su apertura en abril de 2015. Esa nueva imputación, que se une a los otros delitos por las que ya era investigado -un presunto fraude fiscal de 6,8 millones y el blanqueo de sumas importantes en el extranjero ocultando su origen-, «se realiza a la vista del atestado» que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó en marzo. Los agentes concluían en él, entre cosas, que el expolítico habría «abusado de poder» para lograr un tratamiento «privilegiado» por parte de antiguas empresas públicas e incluso que habría creado una sociedad (Cor Comunicación) «’ex profeso’ para la percepción de esos abonos» entre los años 1998 y 2013.