Diario de León

Los grandes ayuntamientos reducen un 40% su deuda desde el máximo de la crisis

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D. V. | Madrid

Los ayuntamientos se consolidan como la administración más cumplidora de las reglas de estabilidad presupuestaria. No sólo llevan cinco años encadenando un superávit tras otro —este ejercicio será el sexto—, sino que han sido capaces de reducir su deuda de manera significativa. En concreto, las grandes ciudades —aquellas de más de 300.000 habitantes— han resultado las impulsoras de este recorte al disminuir su pasivo un 40,5% desde el máximo alcanzado durante la crisis a mediados de 2012. De esta forma han pasado de soportar una losa de 13.498 millones a recortar esos números rojos hasta los 8.027 millones en el primer trimestre de 2017, según los datos del Banco de España publicados ayer.

Si se analizan las corporaciones locales en su conjunto, la deuda también se alivia un 28,2% desde los récords de 44.000 millones de 2012 hasta situarse en los 31.567 millones en el primer trimestre del presente curso. De hecho, sólo en el último año los municipios y diputaciones redujeron un 9,9% sus deudas. De esta forma, el pasivo de los ayuntamientos equivale al 2,8% del PIB. Un dato que les permite cumplir con el objetivo de situar el pasivo de las corporaciones locales por debajo del 3% fijado para 2020 en la Ley de Estabilidad (ningún otro subsector logrará cumplir sus límites a tiempo).

Evidentemente, el comportamiento de los ayuntamientos está muy influenciado por la situación de Madrid, la ciudad más endeudada con 3.611 millones (una cuantía superior al pasivo de toda Cantabria o similar al registrado en Navarra). Sin embargo, el consistorio dirigido por Manuela Carmena ha conseguido reducir su pasivo en 1.118 millones en el último año (una disminución del 23,6%).

En la Comunidad

La deuda pública de Castilla y León en el primer trimestre del año fue de 11.288 millones de euros, lo que representa el 20,2 por ciento de su PIB, lo que sitúa a la comunidad como la octava más saneada del país. Este porcentaje supone ampliar hasta los 4,6 puntos el diferencial con la media de las comunidades —que se sitúa en el 24,8 %—, mientras que al cierre de 2016 esa brecha se fijaba en 4,5 puntos, según la Junta .

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