El Estado se enfrenta al primer recurso colectivo por el Popular

colpisa | josé m. camarero

Las derivadas judiciales del rescate del Banco Popular no han hecho más que comenzar, a pesar de que apenas ha transcurrido un mes desde su liquidación: la Audiencia Nacional admitió este lunes a trámite el recurso que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó la semana pasada contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya decisión sobre la entidad considera contraria a Derecho. Se trata de la primera iniciativa que se desarrolla con carácter colectivo, al tener capacidad para representar a miles de accionistas afectados, directamente contra el Estado, que actuó a instancias de la Junta Unica de Resolución (JUR) . La Administración podría tener que responder a esta acción de la OCU siempre que la admisión a trámite del recurso suponga una imputación formal. En realidad, el paso que dio este lunes la Audiencia Nacional no implica ninguna responsabilidad judicial, pero sí abre la puerta a un proceso que podría acabar en un hipotético fallo en contra del Estado. Por ahora, la organización se ha mostrado «satisfecha» con esta decisión y confía en que el expediente informativo al que tiene derecho a acceder sirva para aclarar cómo fue el proceso de liquidación del banco y para resarcir a los más de 300.000 accionistas que vieron esfumarse su inversión la noche del 7 de junio. Casi 17.000 afectados se han puesto en contacto con la organización para conocer esta iniciativa.

A partir de ahora, el FROB dispone de 20 días para entregar todos los documentos administrativos relacionados con el rescate y que justificaron su decisión. Sin embargo, todavía se mantiene en el cajón el informe elaborado por Deloitte en el que se valoraba al Popular con un agujero de entre 2.000 y más de 8.000 millones de euros, dependiendo del escenario planteado. La propia OCU ha solicitado a la Comisión Europea el acceso a ese documento que, por razones de confidencialidad, Bruselas guarda bajo llave sin la idea de hacerlo público, salvo que sea por obligación judicial. La Mutualidad de la Abogacía anunció este lunes que interpondrá un recurso ante la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el FROB y la JUR para recuperar los 54 millones que ha perdido con la resolución del Popular.