Las eléctricas obtienen 34 millones tras refacturar la tarifa regulada

José M. Camarero | Madrid

Las cartas —o documentos electrónicos— que las compañías eléctricas han enviado durante este verano han incluido un concepto desconocido hasta ahora por los consumidores en la ya de por sí compleja facturación de la luz: la «regularización asociada al coste de comercialización por sentencias judiciales». Se trata de una farragosa expresión que implica, en la práctica, una revisión de todas las facturas emitidas a los titulares con contratos ligados al mercado regulado (Precio de Venta al Pequeño Consumidor —PVPC—) desde abril de 2014 hasta diciembre del año pasado. El impacto medio por recibo no es muy elevado, ya que se ha situado entre los 2 y los 2,5 euros. Esta actualización de las facturas ha supuesto que las grandes compañías eléctricas —comercializadoras de referencia del PVPC— hayan recuperado en términos netos unos 33,9 millones de euros. Por su mayor cuota de mercado entre los usuarios del precio regulado, el importe a regularizar en el caso de Endesa ha sido de 17,6 millones de euros hasta el pasado día 19, según explican fuentes de la compañía.

Desde Iberdrola señalan que ese importe neto de actualización de las facturas asciende a 10,3 millones de euros. Y en Gas Natural Fenosa, superaría los seis millones de euros, teniendo en cuenta las medias de refacturación y su conjunto de clientes regulados. En total, han sido 15,4 millones de usuarios los que han visto recalculados sus recibos de septiembre, agosto y julio, los meses en los que cada una de las compañías han aplicado esta modificación. En Endesa se trata de 7,9 millones de contratos -5,2 millones en vigor y 2,7 milllones en baja del PVPC-; en Iberdrola 5,1 millones de titulares —a la mitad de ellos, unos 2,65 millones, se les ha devuelto dinero en vez de cobrarles—; y en Gas Natural Fenosa, habría afectado a 2,4 millones de clientes, según los datos de la CNMC.

Algo puntual

Este concepto puntual incluido en las últimas facturas se debe a la revisión que tuvo que realizar el Gobierno en el cálculo del margen de comercialización, un importe incluido en las facturas del PVPC que, por ley, se les ingresa a las eléctricas para mantener viable el negocio del mercado regulado. Fue aprobado en abril de 2014, con José Manuel Soria como ministro, a cuatro euros por kilovatio contratado al año. Pero el sector recurrió esa medida porque no llegaba a cubrir sus costes y el Tribunal Supremo exigió en una sentencia la necesidad de revisarla con una metodología más «precisa» que la establecida hasta entonces.