Acusan a Rato de «defraudar» con sociedades fiduciarias extranjeras
La Audiencia Provincial ordena reabrir la causa por blanqueo pero deja fuera el cohecho.
El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato. BALLESTEROS
j. a. bravo | madrid
Dos años y medio después parece que la causa abierta contra Rodrigo Rato, ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno durante ocho años, empieza a coger una forma clara. Y el resultado, presumiblemente y a tenor de los últimos pronunciamientos de la justicia, será fundamentalmente la presunta comisión de varios delitos fiscales, agravados en último caso con otro de blanqueo de capitales.
La última decisión de la Audiencia Provincial de Madrid -conocida ayer- afecta precisamente a ese segundo delito de lavado de dinero, que deberá ser investigado ahora por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. Para ello ordena la reapertura parcial de la pieza separada sobre los contratos de su entramado societario con una docena de compañías privatizadas, mientras fue miembro de los gabinetes de José María Aznar, que fue cerrada por dicho juez en mayo.
El tribunal madrileño reconduce así la labor del instructor, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que defiende aquí los intereses de la Agencia Tributaria. Eso sí, le da la razón en el archivo de un posible cohecho.
Según Serrano-Arnal, «no está acreditado» que los nombramientos de los presidentes de aquellas empresas – las joyas de la corona del antiguo ‘holding’ de compañías estatales (Telefónica, Repsol, Endesa, Altadis…)- «fuesen de la exclusiva potestad del investigado» sino que, «en muchos casos, están sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada». La Sala que ha revisado este asunto lo comparte: afirmar que tales designaciones «tenían como finalidad facilitar el lucro ilícito de la familia Rato a través del cobro de comisiones o sobreprecios (por parte de sus empresas) es una conclusión que no se sostiene».
Donde los magistrados sí aprecian elementos para profundizar de forma obligada en la investigación es en lo referente al «blanqueo externo», como lo denomina la Guardia Civil en sus informes sobre los movimientos patrimoniales de Rato.