Competencia investiga los contratos públicos de las grandes constructoras

j. a. bravo | madrid

Hasta 48.000 millones de euros al año pagan de más las administraciones públicas en sus contratos, a causa de vulneraciones del libre juego de mercado entre las empresas participantes. Son datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que precisamente tiene abiertas cuatro grandes investigaciones en relación a ello.

La primera afecta a supuestos fraudes en la construcción y rehabilitación de carreteras, puentes y líneas del AVE, entre otras infraestructuras. La segunda a concursos de edificación de colegios, hospitales, viviendas públicas y urbanización de terrenos. La tercera a adjudicaciones de instalaciones para gestión del agua, junto a grandes obras de depuradoras y desaladoras. Y la última, la más avanzada -ya se ha abierto expediente sancionador a 25 compañías, la mayoría grandes constructoras- implica a los contratos de electrificación y equipos electromecánicos para la red ferroviaria.

Pero en el futuro la prioridad para controlar contratos públicos no será de la CNMC, sino de la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, bajo la tutela del Ministerio de Economía pero con capacidad propia como la Autoridad Fiscal (Airef) respecto al de Hacienda.

De hecho, el mandato de sus miembros durará seis años para no coincidir con las legislaturas, según recoge la nueva normativa.