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León

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D. V. | Madrid

Tener una cuenta bancaria será un derecho de todos los ciudadanos. Esa es la consecuencia del decreto sobre cuentas de pago básicas aprobado ayer por el Gobierno y que permitirá el acceso universal a este servicio financiero. Toda persona podrá realizar depósitos, retirada de efectivo, domiciliación de recibos, transferencias y una tarjeta de débito. Esta medida responde a una directiva europea que debía haberse adaptado a la legislación española hace un año. Un retraso que fuentes del Ministerio de Economía achacaron al «tiempo perdido» por estar en funciones a pesar de que la normativa se aprobó en Europa en 2014.

En cualquier caso, el decreto garantiza a todos los residentes, independientemente de su nivel económico, el derecho a abrir una cuenta de pago. También tendrán este acceso los demandantes de asilo o a aquellas personas que no residan legalmente en España, pero no se les pueda expulsar. Es decir, los bancos no podrán rechazar a ningún cliente. La única salvedad será si no facilitan los datos suficientes para evitar el riesgo de blanqueo o por motivos de orden público.

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