Sólo el 0,32% de las empresas tendrán que auditar el salario por género
La propuesta de Empleo sobre este particular beneficiaría a un 38% de los trabajadores.
lucía palacios | madrid
Rebajar la temporalidad y reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres son dos de los objetivos que se ha marcado el Ministerio de Empleo. Y para ello hace casi un mes entregó a los agentes sociales tres documentos en el marco de la mesa de calidad en el empleo que van encaminados a atajar dos de los problemas que afectan al mercado laboral español.
Las propuestas de lo que todavía es un borrador pero que hoy volverán a discutir en una nueva reunión se pueden resumir en tres: reducir los contratos de cuatro a tres, crear un nuevo contrato temporal de indemnización creciente y obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a realizar auditorías salariales para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ya que ellas cobran en torno a un 20% menos, si se tiene en cuenta que el salario medio de los varones se situó en 2016 en los 2.075 euros brutos al mes mientras que el de las mujeres se redujo hasta los 1.661 euros.
«Las auditorías deberían hacer más fácil analizar los aspectos de la remuneración relativos a la igualdad de género y alcanzar conclusiones sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución», explica el documento enviado por el Ministerio. Lo que quiere también el Ejecutivo es «establecer legalmente el derecho de información de los trabajadores,» tal y como reconoció la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un pleno en el Congreso. Por tanto, los profesionales «tendrán derecho a ser informados sobre niveles de remuneración, en particular sobre los componentes variables complementarios tales como pagos en especie o primas de otras categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, desglosado por género», precisó.
La cuestión es que estas medidas -que pasarían por cambiar la Ley de Igualdad y reformar el Estatuto de los Trabajadores, concretamente los artículos 26 y 28-, afectaría solo a un 0,32% de las empresas españolas, pues es bien sabido que España es un país de pymes. Así, de las más de 1,3 millones de compañías que había inscritas en la Seguridad Social el pasado 31 de diciembre de 2016, sólo 4.251 tenían más de 250 trabajadores, el límite que ha fijado el Gobierno para realizar las auditorías. Bien es verdad que el abanico de trabajadores a los que afectaría se abre un poco más, pues las grandes empresas acaparan casi el 40% de los empleos. Concretamente, más de 4,9 millones de profesionales tendrían derecho a que el empresario les desglose su retribución por género, un 38% de los más de 12,8 millones de personas que hay trabajando en empresas. En definitiva, que, de llevarse a cabo estas medidas, apenas tendría efecto sobre cuatro de cada diez trabajadores de empresas.
Ésta es una de las críticas que hace UGT a este plan de igualdad, que sólo es obligatorio para las grandes empresas, que son muy pocas, por lo que lo califica de «un gran avance» pero «insuficiente».