El Gobierno promete aprobar en un año la financiación autonómica

D. Valera | Madrid

La reforma del sistema de financiación autonómica es uno de los asuntos pendientes desde la pasada legislatura. Hasta ahora la complejidad de poner de acuerdo las distintas realidades de las comunidades del régimen fiscal común (esto es, sin Navarra y País Vasco), unido a la crisis política de Cataluña, había hecho que el Gobierno no tuviera prisa en apariencia por avanzar en esta materia. Tanto que las opciones de que un nuevo modelo saliera adelante parecían difuminarse.

Sin embargo, la presión de las comunidades ha hecho que el presidente Mariano Rajoy anunciara hace pocas fechas un «inmediato» Consejo de Política Fiscal y Financiera entre Hacienda y las autonomías —que debería celebrarse en mayo— para tratar esta reforma. Ahora el Ejecutivo parece dispuesto incluso a aprobar el nuevo sistema en el periodo de un año. Al menos ese es el compromiso que se recoge en el Programa Nacional de Reformas que se enviará hoy a la Comisión Europea.

A pesar de que todas las comunidades y el Gobierno están de acuerdo en la necesidad de cambiar el sistema actual, el ritmo para abordar esta reforma está siendo más que lento. De hecho, han pasado ya nueve meses desde que el comité de expertos presentara al Ejecutivo su informe de recomendaciones. Desde noviembre se han producido reuniones técnicas donde las comunidades —salvo Cataluña, que decidió excluirse— han presentado sus propuestas. El Gobierno espera tener listo en unas semanas el primer borrador.

El objetivo del Ejecutivo en los próximos 12 meses, según el Programa de Reformas, es elevar una propuesta definitiva al Consejo de Política Fiscal para su «discusión y votación». En ese mismo plazo, según el documnto, el Gobierno «aprobará el proyecto de ley de reforma del sistema», que será «remitido a las Cortes para su tramitación».

Sin embargo, antes de llegar a ese punto deben salvarse varios escollos que mantienen estancada la negociación. Uno de los principales obstáculos tiene que ver con la armonización de impuestos cedidos como Sucesiones o Donaciones, dada la enorme brecha entre comunidades.

Unos y otros

De hecho, regiones como Madrid o Canarias tienen bonificado casi al 100% estos tributos, lo que provoca que contribuyentes en otros territorios con menos exenciones, como Andalucía o Extremadura, tengan que pagar casi 1.000 veces más, por ejemplo, por una herencia. Esto ha llevado a que algunas comunidades acusen a Madrid —que también tiene bonificado al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio— de «competencia desleal». Sin embargo, esta región o Baleares se oponen a la fijación de un tipo mínimo para estos impuestos, pues consideran que sería ir en contra de la corresponsabilidad fiscal que conlleva un sistema descentralizado como el español.