El Santander prepara otra reducción de plantilla y oficinas dentro de un año

amparo estrada | madrid

Hace un año, el Banco Popular fue intervenido por la autoridad de resolución europea —tuvo el triste privilegio de ser la primera entidad intervenida por la Unión Europea—. Ocurrió tras una llamada angustiosa por parte del Consejo de Administración de la entidad al Banco de España a las tres y media de la tarde del 6 de junio avisando de que no tenía liquidez suficiente para abrir las puertas al día siguiente, según explican fuentes financieras. Entonces, la Junta Unica de Resolución decidió intervenirlo y abrir de forma urgente una subasta. Fueron horas frenéticas que acabaron con la adjudicación del Popular al Santander, que aunque tuvo el precio simbólico de un euro requirió una ampliación de capital de 7.000 millones de euros por parte de la entidad que preside Ana Botín. Luego hubo cientos de demandas contra el FROB y otras contra el Popular por no informar bien en la ampliación de capital de 2016). La adquisición del Popular en subasta fue hace un año, pero el proceso continúa. Una vez culmine la fusión legal en septiembre u octubre, el Santander empezará a integrar sucursales del Popular en su sistema -el plan es comenzar en noviembre y acabar en junio del año que viene-. En julio de 2019 ya no habrá marca Popular ni Pastor y, a partir de ese momento, el banco podrá emprender una nueva reestructuración con reducción de plantilla y de oficinas. No en vano, Botín prevé reducir los costes del Popular un 32% entre 2018 y 2020.