El nuevo Gobierno hereda 23 directivas con riesgo de multa
Bruselas espera que transponga más de medio centenar de normas europeas este año.
J. A. Bravo | Madrid
Apenas acaba de aterrizar el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que el viernes celebró su primer Consejo de Ministras y Ministros en la Moncloa, y ya tiene tareas que no puede aplazar más. No responden a promesas del líder socialista cuando estaba en la oposición ni tampoco a posibles guiños a sus socios de nuevo cuño, sino a obligaciones pendientes con la UE. Y eso son palabras mayores vistas las experiencias pasadas.
No se trata ya de cumplir con el objetivo presupuestario y no pasarse del 2,2% sobre el PIB comprometido con Bruselas —en la Comisión (CE) prevén que se desvíe hasta el 2,6%y el FMI estima un 2,5%, sin contar medidas sorpresa del gabinete Sánchez—, sino de cumplir con normas europeas aprobadas ya hace tiempo pero aún no adoptadas por la legislación española, al menos no del todo.
El anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, sabedor de la complicada situación en ese sentido, aprobó en febrero un plan de acción específico ligado a su programa normativo para 2018. E insistió en que era «vinculante» para todos los ministerios, que debían elaborar de forma «urgente» sus propias medidas para «actualizar» todos los planes de adaptación de directivas comunitarias.
Con mucho retraso
De manera especial se puso el énfasis en 23 de ellas —la mitad de las 52 directivas que había programado transponer en 2018—, «en riesgo de multa» para España debido al largo retraso acumulado, superior en bastantes casos al año. Argumentó que durante 2016 y 2017 el ritmo se «ralentizó» por la incertidumbre política, primero la repetición de elecciones y después la falta de una mayoría parlamentaria suficiente, pero a Bruselas no le valen mucho las excusas para cumplir con las mismas normas que el resto del club.
En realidad, los socios europeos no suelen ser puntuales para incluir en sus legislaciones los cambios que van aprobando la Comisión y el Parlamento europeos. Incluso la ortodoxa Alemania es, con España, la más incumplidora en ese sentido, ambas con 91 procedimientos de infracción en 2016, último año del que se han publicado datos hasta la próxima actualización este verano. Les siguieron a poca distancia Bélgica (87 casos), Grecia (86), Portugal (84) y Francia (83). Los menos advertidos fueron, con diferencia, Estonia (30), Malta (31) y Dinamarca (34).