El 60% de la deuda autonómica está ya en manos del Estado

D. Valera | Madrid

Las comunidades autónomas están cada vez más endeudadas con el Estado. De hecho, hace varios años que la administración central se ha convertido en el primer acreedor de los gobiernos regionales. El problema radica en que, lejos de moderarse esa evolución por la mejora de la economía, el pasivo autonómico en manos estatales no ha parado de crecer. Así, alcanzó casi el 60% (un 58,2%) al cierre del primer trimestre, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Tres meses antes era del 57,6% y en 2015 no llegaba al 50% (48,1%).

El motivo de estas continuas alzas está en los mecanismos de financiación extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Fondo de Facilidad Financiera, a través de los cuales Hacienda inyecta miles de millones a los gobiernos regionales. Unos instrumentos sobre los que cada vez hay más presión para que se terminen y permitan a las autonomías financiarse por sí mismas gracias al favorable contexto en los mercados por la política monetaria del BCE.

En realidad, la historia de la deuda pública autonómica sigue el mismo guión que la de todas las administraciones. Antes de la crisis su nivel era moderado al situarse en los 62.000 millones a finales de 2007. Sin embargo, con la recesión los números rojos empezaron a crecer a gran velocidad y en los tres primeros meses del presente ejercicio alcanzaron los 289.675 millones, es decir, un brutal 367% más que antes de las turbulencias financieras.

Algunos detalles

La característica de este pasivo es que en su mayoría se debe al Estado, que desde 2012 —el peor momento de la crisis en el que varias regiones tenían imposible salir a los mercados— puso a disposición de las comunidades mecanismos como el citado FLA para costear los servicios básicos, o bien el plan de pago a proveedores para hacer frente a las facturas pendientes. Desde entonces y hasta el primer trimestre del curso actual estos mecanismos han repartido 207.129 millones entre los territorios a un tipo de interés, eso sí, bastante más bajo que el exigido por los inversores. Un dinero facilitado a cambio de cumplir con la ley de estabilidad e ir corrigiendo el desequilibrio presupuestario.

Las comunidades más beneficiadas por este sistema son precisamente aquellas que se encontraban en una situación económica más delicada por su elevado déficit. Así, Cataluña encabeza la clasificación con 67.256 millones captados a través de estos mecanismos de financiación. Eso supone que el 70% de su deuda está en manos de la administración central. La segunda gran beneficiada es la Comunidad Valenciana con 44.795 millones. En este caso, el pasivo en manos del Estado alcanza el 81,4%, lo que la convierte en la región con más dependencia de la administración central. Les sigue de cerca Murcia, con el 80,6% de su deuda. También tienen unos niveles de pasivo muy elevados en posesión de la administración central comunidades como Andalucía (77,8%); Baleares (75,5%); Castilla-La Mancha (75%) o Cantabria (73,1%).