El Gobierno quiere derogar los contratos ‘estrella’ de la reforma laboral del PP
José M. Camarero | madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa las primeras medidas para desmontar la reforma laboral de su antecesor, Mariano Rajoy, con la derogación del contrato de emprendedores, una de las propuestas que el anterior Ejecutivo llevó por bandera en su defensa de la reforma laboral. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, se mostró ayer dispuesta a «derogar» ese contrato porque, «no ha respondido al objetivo que perseguía y ha introducido precariedad» laboral. La liquidación de la normativa en vigor desde 2012 no será un proceso con el que se pueda acabar de un plumazo y en poco tiempo, como ya reconoció la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, nada más tomar posesión del cargo. Pero sí se irá actuando sobre materias puntuales, en función de los apoyos parlamentarios necesarios.
El contrato indefinido para emprendedores abrió en su momento la posibilidad a los pequeños empresarios de hacerse con los servicios de un trabajador menor de 30 años —o mayor de 45— con importantes beneficios fiscales, y con la ventaja de que durante el primer año podía extinguirse la relación laboral sin causa justificada, lo que suponía de facto el despido libre. Valdeolivas recuerda que esta posibilidad ha propiciado la firma de «apenas 958.000 contratos» en todo este periodo desde que se puso en marcha en 2012, «pese a sus muy favorables condiciones». Se trata de un 0,7% de los aproximadamente 130 millones de contratos firmados desde entonces. La ‘número dos’ de Valerio apunta que el Ejecutivo trabaja en otras formas contractuales porque la vinculada al emprendedor «no es adecuada ni razonable».
Valdeolivas considera que ese contrato de emprendimiento tiene unas condiciones «muy favorables e incentivos atractivos» para el empresario, que «ni ha dado los frutos deseados ni ha conseguido frenar la temporalidad». De hecho, sostiene que puede servir para «torcer» el principio de causalidad permitiendo el despido unilateral en los 12 primeros meses de vida del ese contrato. En cualquier caso, la secretaria de Estado de Empleo asume que para cambiar esta precisa apoyos en las Cortes. Una mayoría que también es necesaria para actualizar el contrato de formación y aprendizaje, del que también se podría prescindir. «Hay muy pocos contratos de esta modalidad», insinuó ayer Valdeolivas. «No está funcionando como mecanismo de fomento de empleo entre los jóvenes», afirmó, apuntando a una liquidación.
Esta fue otra de las apuestas del anterior Gobierno para luchar contra el desempleo juvenil, que llegó a afectar al 55% de los menores de 25 años en 2013. Con el reformado contrato de formación de 2012, el empresario se beneficiaba de una exención en las cotizaciones, así como una bonificación de hasta 1.500 euros anuales durante los tres años posteriores a convertir a ese trabajador en fijo. Pero Trabajo entiende que «no está funcionando como mecanismo del fomento del empleo de los jóvenes».