El Gobierno suspende el impuesto de generación para abaratar la luz
La vorágine de precios encuentra la primera medida para ayudar a familias desfavorecidas.
josé m. camarero | madrid
La vorágine de precios de la electricidad ha encontrado respuesta en el Gobierno con una medida que trata de ser efectiva en pocas semanas para contener el peso de la factura con el que están cargando los consumidores todo el verano. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este miércoles la «suspensión» de uno de los tributos que incrementan el precio de la luz. Se trata del Impuesto a la Generación, una figura que grava en un 7% la actividad de las compañías productoras, y que quedará relegado a un tipo «prácticamente del 0%», según anunció Ribera ante el Congreso.
La ministra es consciente de que solo es posible rebajar la factura a cortísimo plazo extrayendo del recibo alguno de los conceptos que lo configuran. «Necesitamos aliviar la factura y esta medida se reflejará inmediatamente», admitió ante los diputados. Porque sobre otros impuestos que soporta la luz es «más complicado» actuar, como reconoció. Cualquier cambio en el 21% de IVA que se aplica a la luz depende de las directrices europeas. Aunque en el Impuesto a la Electricidad (del 5,1%) que paga el consumidor sí es posible actuar.
Será el consejo de ministros de la próxima semana, previsiblemente, el que autorice la práctica cancelación de un impuesto que no abonan directamente los titulares de contratos. Lo abonan las compañías por sus centrales. Por eso, los bolsillos de los hogares y empresas lo notarán en la medida en que las eléctricas lo repercutan en los precios diarios del mercado, y que después tiene su reflejo en el recibo. Es decir, esta rebaja tributaría se debería ir notando en los precios que registra el ‘pool’ para el coste del kilovatio/hora (Kwh) consumido. Pero, al final, dependerá del resto de circunstancias que se den en el mercado: los precios de las materias primas, como el petróleo y sus derivados; el coste de emitir dióxido de carbono (CO2); o la producción de renovables en cada momento. Esta es la clave que valorarán los consumidores a la hora de notar si su recibo ha bajado lo estimado por los expertos tras el anuncio. Septiembre se mantiene como el mes más caro para el recibo de todo 2018.
Los cálculos del sector estiman que, cuando la medida esté implantada definitivamente, el ahorro medio en el recibo será de un 3% con respecto a lo que se abona en la actualidad, siempre que se trate de clientes acogidos a la tarifa regulada (PVPC), un 42% del total. El resto (un 58%), dependerán de los contratos formalizados libremente con sus compañías energéticas. El Estado ingresó 1.510 millones de euros el año pasado por este impuesto -que se destinan a cubrir el déficit de tarifa- y aunque inicialmente pueda sufrir una merma de recaudación, en realidad está obteniendo más dinero por el alza de los derechos de CO2, cuyo precio se ha triplicado en 2018. Por eso, la medida está «coordinada» con el Miniesterio de de Hacienda.