Una década en balde para luchar contra la pobreza energética

Las subidas del precio de la luz impactan en el bolsillo de todos los consumidores cada vez que les llega el recibo, pero entre los 26 millones de titulares de esos contratos son los que menos ingresos tienen a quienes más les cuesta sufragar el coste de la electricidad. Para ayudar a estos colectivos los dos últimos gobiernos han tratado de aplicar medidas para aliviar ese pago.

En realidad, ninguno lo ha logrado a tenor de los continuos cambios que ha sufrido el bono social. Esta semana la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, anunciaba una nueva vuelta de tuerca para ampliar los límites del bono y lograr que más hogares vulnerables se lo apliquen. Sin embargo, está por ver si finalmente el sistema conseguirá sus objetivos. En 2017 la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, dio en la clave para entender por qué el bono social ha fracasado. En un informe instaba a que el sistema utilizara todos los recursos posibles para ayudar a las familias «que realmente lo necesiten». El coladero de casos que se han beneficiado de una ayuda inestable ha sido patente. Por eso ha transcurrido prácticamente una década sin que España haya solucionado el problema.