El Estado ingresará 1.318 millones anuales por la subida del diésel

J. M. CAMARERO | MADRID

Las arcas públicas recibirán un ingreso adicional de 1.318 millones de euros al año si definitivamente el Gobierno retoma la idea de aumentar del precio del diésel para equipararlo con el de la gasolina, como tenía previsto en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 que fue rechazado por el Congreso. Ese es el cálculo más actualizado, según avanzó ayer el presidente de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), José Luis Escrivá.

También es el más completo porque la estimación incluye no solo las cuantías que recibiría la Administración (670 millones al año) por la eliminación progresiva (3,8 céntimos el primer ejercicio) de la bonificación que ahora goza el diésel frente a la gasolina en el impuesto sobre hidrocarburos. Tiene en cuenta, además, los ingresos que se generarían a través del IVA. Escrivá, que participó en el curso de verano de la Uimp y Apie, explicó que serán los hogares de mayor renta en los que más impacte la subida del diésel, debido fundamentalmente a que este tipo de consumidores son también los que suelen tener vehículos de mayor cilindrada. Y estos automóviles requieren un mayor gasto en combustible, al contrario de lo que les sucedería a las familias con menor renta.

Apuntó que la llamada fiscalidad verde en España está actualmente seis décimas por debajo de la media europea —en el 1,83% del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 2,4% de la UE— y con niveles de recaudación por debajo de los de hace 20 años.

Se refirió aparte a las pensiones, con medidas concretas como las que van encaminadas a elevar la edad de jubilación o ampliar el cómputo de años que cuentan para calcular las prestaciones. «Si se hace se corrige gran parte del problema», indicó. Porque «en los próximos años —añadió— irá creciendo por el envejecimiento» de la población. También comentó que el nivel de cotizaciones a la Seguridad Social «es muy alto en España», por lo que si se revierten las últimas medidas que han incrementado el gasto «se solucionaría» el problema.

Escrivá anticipó, asimismo, que el organismo que preside ya está trabajando en un proyecto que le llevará a un análisis del gasto público (dentro de sus trabajos denominados ‘spending reviews’) de mayor dimensión frente a los últimos publicados estas semanas. «En 2018 hemos evaluado unos 30.000 millones y este año nos vamos a acercar a los 100.000 millones de euros», afirmó. A este respecto el órgano auditor está estudiando ya los efectos de los beneficios fiscales que aplica anualmente el Estado dentro de sus Presupuestos, y que se acercan a 60.000 millones de euros, el gasto hospitalario (10.000 millones), el de infraestructuras, y también las bonificaciones a la contratación, que pueden llegar a 3.000 millones.