Las pensiones perderán un 30% de poder adquisitivo si no hay subida
lucía palacios | madrid
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se mostró ayer firmemente contraria a la reforma de las pensiones que aprobó de forma unilateral el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. En especial cargó contra el polémico Indice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que aboca a los jubilados a una subida anual de sus prestaciones del 0,25%, como así ocurrirá en enero salvo que se forme un nuevo gobierno que lo evite. Si esto se mantuviera en el tiempo, provocaría un recorte en las prestaciones de hasta un 30%.
«El diseño del IRP es muy deficiente y la propia fórmula tiene problemas de circularidad sin resolver», afirmó el presidente de este organismo independiente, José Luis Escrivá, durante una jornada sobre pensiones organizada por la agencia de noticias Servimedia. Escrivá explicó que la Airef se dio cuenta de que este mecanismo corrector —que supone en la práctica una cuasi congelación de las pensiones mientras la Seguridad Social esté en números rojos— iba a ser «impracticable», porque implicaba una «desvalorización» de las prestaciones y una pérdida de poder adquisitivo de los jubilados «en algunos casos del 30%», y además «sobrevenida». Esta menor capacidad de compra se puso de manifiesto en el momento en que la inflación dejó atrás las tasas negativas una vez superada la crisis, mientras que las nóminas de los pensionistas subían solo el 0,25%, menos que el coste de la vida.
Por ello, desde la Airef se dieron cuenta de que este instrumento que pretendía corregir las cuentas de la Seguridad Social «no tenía recorrido» ya que el «problema de ajuste y corrección del déficit de la Seguridad Social se hacía en tiempos muy inasumibles».
No obstante, el organismo público sí ve posible salvar el sistema y hacerlo sin que los mayores pierdan poder adquisitivo, ya que asumen que el IRP no se podrá mantener al existir un consenso dentro de los partidos políticos y la sociedad de volver a vincular la revalorización a la inflación. Esto supondría un aumento del gasto de entre el 2,5% y el 3% del PIB de aquí a 2050, según los cálculos que hacen teniendo en cuenta que el país reaccionará al envejecimiento de la población con medidas para fomentar la natalidad e incentivar la inmigración. «Es un tema manejable pero hay que tomar las decisiones con tiempo, como se hizo en 2011», sostuvo Escrivá.
Por ello, precisamente su receta para solucionar los problemas de déficit y lograr la sostenibilidad es seguir profundizando en las reformas paramétricas de 2011, la que se aprobó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el consenso de los agentes sociales. En este sentido, Escrivá aseguró que se corregiría «más de la mitad del problema» que han identificado en el gasto si la edad real de jubilación se retrasara a los 67 años (igualándose con la edad legal prevista para 2027), frente a la actual edad media que se sitúa en torno a los 64. Además, se corregiría «otra parte significativa del déficit» si se avanza a que en el futuro se tenga en cuenta para el cálculo de la pensión toda la vida laboral; en la actualidad se consideran los 22 últimos años y serán los últimos 25 en 2027.
Tasa de cobertura del 50% A juicio de este experto, «estas reformas que inciden fundamentalmente sobre los que van a entrar en el sistema, y no sorprenden a alguien que ya tiene una pensión y le supone una pérdida de poder adquisitivo, son mucho más aceptables, razonables, y sabemos que tienen mucha mayor aceptabilidad dentro de la sociedad y de los distintos agentes». El objetivo que se plantea la Airef es mantener una tasa de cobertura por encima del 50%, «suficiente para mantener el poder adquisitivo», aunque ligeramente inferior al 78% actual. A su vez, desde la Airef defendieron la necesidad de reestructurar los gastos del sistema de forma que todo aquello que no sea contributivo pase a financiarse vía presupuestos y no con las cotizaciones, como los gastos de personal, las políticas activas de empleo y las ayudas a la contratación o las prestaciones de viudedad y orfandad, lo que podría suponer un alivio de hasta 15.600 millones, según UGT. «Que el déficit estructural esté en la Seguridad Social es una decisión contable y discutible», sostuvo Escrivá.