La PAC medioambiental, uno de los retos pendientes de la nueva Comisión Europea
j. a. bravo | madrid
El pasado 1 de noviembre debería haber empezado a funcionar el nuevo Colegio de Comisarios de la Unión Europea (UE) presidido por la alemana Ursula von der Leyen, aunque el retraso en el visto bueno a tres de los integrantes seleccionados impidió al equipo al completo someterse al voto final de la Eurocámara, lo que va a demorar algo los plazos, como mínimo hasta el próximo 1 de diciembre. En cualquier caso, una vez tomen asiento en sus despachos los nuevos mandatarios de Bruselas, una de sus prioridades será resolver la reforma pendiente de la Política Agrícola Común.
La principal clave de ese retraso acumulado reside en la falta de acuerdo de los líderes europeos para establecer el marco financiero plurianual (MFF) de la Unión de cara al período 2021-2027, esto es, saber con cuánto dinero se contará en las arcas comunitarias en función de las aportaciones que deban hacer los Estados miembros y de qué manera se repartirán esos fondos, priorizando unas materias sobre otras. El pasado día 18, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho —Reino Unido aún tiene derecho a participar en los debates— vinieron a certificar en su última cumbre que será prácticamente imposible alcanzar un acuerdo al respecto antes de finales de año.
Se incumplirá así la previsión oficial porque, según admitió Jean-Claude Juncker en su última gran cita al frente de la Comisión Europea (CE), «no hay nuevos elementos, no hay directrices, nada.». Lo único claro que salió de aquel encuentro es la solicitud a Finlandia, que ejerce la presidencia de turno de la UE en el segundo semestre, para que prepare «un marco de negociación con cifras» de cara a la cumbre de diciembre.
Su primera propuesta, rechazada hace una semana, era contar con un presupuesto equivalente a una horquilla de entre el 1,03% y el 1,08% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo, lo que resultaría en unos 1,10 billones de euros. Eso supondría unos 35.000 millones menos que las cuentas planteadas hace un año para el próximo MFF desde la propia Comisión -que planteaba aproximarse al 1,13% del PIB-, cuya estimación de gasto ascendía a 1,135 billones e incluía recortes del 5% para los fondos agrícolas y del 7% para los fondos regionales.
Sobre la mesa han vuelto a aparecer de nuevo las diferencias históricas entre el sur, donde parece haber consenso entre Francia, España y otros países para que no se reduzcan las aportaciones a la PAC, y el norte, en el que Alemania, los Países Bajos y los territorios nórdicos han hecho piña para no elevar sus aportaciones y, en todo caso, reducir las asignaciones a políticas tradicionales como la agraria.
Con el plan de reforma de la política agrícola común presentado por el comisario saliente, el irlandés Phil Hogan -a quien relevará el polaco Janusz Wojciechowski-, España recibiría un 5,4% menos de fondos en esta materia, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estima «inaceptable» al rechazar recortes en términos nominales. El planteamiento que el ministro del ramo, Luis Planas, ha hecho llegar a sus colegas europeos es que la PAC debe mantener, al menos, su financiación actual pese a la salida del Reino Unido; de lo contrario, no se podrá modernizar el sector para hacerlo más competitivo frente a mercados como China.