El Gobierno se centra en la reforma laboral tras firmar el alza del SMI

Ni siquiera ha pasado un mes desde la formación del nuevo gobierno de coalición y el presidente, Pedro Sánchez, ya ha estampado su firma en el primer acuerdo logrado en el ámbito del diálogo social: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros al mes, algo que se antojaba cuando menos muy complicado hace poco más de diez días. Al Ejecutivo le interesa exhibirlo como un gran éxito de los muchos que vendrán por delante en esta legislatura y por ello este acto, con el que también se abrió formalmente el diálogo social, contó con un protocolo muy estudiado en el que participaron, además del jefe del Ejecutivo, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por parte de los agentes sociales, acudieron los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, y los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente.

«Este Gobierno va a dar sorpresas y ya está empezando a darlas», auguró la nueva ministra de Trabajo, la única que compareció del Gobierno tras la firma, quien agradeció a «todos los miembros» del Ejecutivo el haber sido «cómplices cariñosos» en esta subida de 50 euros más al mes para las remuneraciones más bajas. Fue su forma de agradecer a Iglesias la implicación personal que tuvo en este pacto.

Díaz volvió a negar una vez más que el fuerte incremento que registró el salario mínimo el año pasado tenga impacto alguno en la creación de empleo y, más directamente, esté relacionado con los problemas que está teniendo el sector del campo, que ayer volvió a manifestarse en diferentes regiones. «Ha habido un problema en el último trimestre del año que desde luego no ha sido el SMI. Razones propias lo van a explicar», entre las que citó la sequía.

No está de acuerdo con esta afirmación el presidente de la CEOE, quien pidió al Gobierno que se reúna con los representantes de los agricultores para abordar la crisis que atraviesa el sector. De igual forma, también exigió al Ejecutivo la desindexación de los contratos públicos para que la subida del 5,5% del SMI sea compensada por las Administraciones Públicas en los contratos ya firmados. Estas dos reivindicaciones las comparte con los sindicatos, por lo que la ministra tomó nota y prometió trasladárselo al Ejecutivo.

Amarrado ya el nuevo SMI, que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, el próximo gran cometido será la derogación de la reforma laboral. Y, sin más dilación, será la gran protagonista de la primera reunión de la mesa del diálogo social, que se celebrará hoy.

No será fácil llegar a un pacto en esta materia, a la vista de que Garamendi reiteró una vez más las ‘bondades’ de la reforma laboral de 2012. «Ha sido muy positiva», sentenció, aunque sí se mostró de acuerdo en trabajar para «mejorarla». Sin embargo, lanzó un mensaje al Gobierno: en función de lo «excesiva» que sea la contrarreforma, se sentarán a negociar -o no- un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que recoge las recomendaciones para los más de 5.000 convenios colectivos que afectan a más de 11 millones de trabajadores. Y, de igual manera, condicionó un próximo acuerdo salarial al SMI de 2021.