Sólo un 0,15% de las denuncias han dado lugar a un demanda

Cuando el Título III entró en vigor se temía una avalancha de demandas, pues incluso antes de su activación había casi 6.000 reclamaciones certificadas por el Gobierno de EE.UU. de ciudadanos estadounidenses que habían perdido propiedades en Cuba a raíz de las confiscaciones hechas por el régimen surgido en 1959 tras el triunfo de la revolución comandada por Fidel Castro. El alto costo de entablar demandas tanto por costas judiciales como por abogados puede haber echado para atrás a muchos de los que podrían acogerse al Título III, que como primer requisito deben ser ciudadanos estadounidenses.

El Consejo Económico-Comercial calcula que las demandas presentadas hasta ahora han significado más de cuatro millones de horas de trabajo que las firmas de abogados han cargado a sus clientes, un 85 % de ellas a los demandados.

De las 5.913 reclamaciones certificadas por bienes expropiados en Cuba por un valor de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años se elevaría a más de 8.500 millones, según la entidad privada, solo un 0,15 % ha dado lugar a una demanda hasta ahora.