El Gobierno reduce los trámites para poner en marcha una empresa

Para acogerse a esta nueva fórmula, que no tendrá limitación temporal, los socios de la empresa sólo podrán ser personas físicas hasta un máximo de cinco, el capital debe estar entre 3.012 y 60.096 euros y los órganos sociales han de ser de fácil funcionamiento y convocatoria, explicó el vicepresidente. Además, el texto permite un objeto social amplio, de modo que sólo quedan excluidas aquellas empresas que reúnen unas condiciones especiales, como las entidades financieras y de seguros, las agencias de valores, las empresas de hidrocarburos y las dedicadas al juego. Rato incidió en que la introducción de procedimientos telemáticos permitirá la reducción del tiempo necesario para constituir nuevas sociedades, con un objetivo de 48 horas, frente a los treinta a sesenta días actuales. En la conferencia de prensa también intervino el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, quien explicó que la propuesta de Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas pretende actualizar el actual modelo concesional e incentivar la participación de la iniciativa privada en los proyectos de infraestructuras. La nueva norma, que será remitida a las Cortes como Proyecto de Ley, se incorporará a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (cómo titulo quinto), precisó Alvarez-Cascos. El ministro subrayó que la nueva norma, aplicable a todas las Administraciones Públicas, supone un «espaldarazo» al Plan de Infraestructuras 2000-2007, que prevé que la iniciativa privada aporte un 20% de las inversiones necesarias. El texto aprobado por el Gobierno abre la posibilidad de que el sector privado participe no sólo en la financiación y gestión de las obras públicas, sino también en la propuesta de nuevas concesiones, lo que no supone eliminar el concurso, que se mantiene como procedimiento de adjudicación, precisó. Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó los acuerdos por los que se autoriza la suscripción de convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y diez Comunidades Autónomas para la financiación de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas. Según la referencia del Consejo de Ministros, estas comunidades (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Asturias), se distribuirán un total de 48.478.237,35 euros hasta el 2005. Los convenios para el resto de comunidades autónomas se tramitarán cuando concluya el proceso de elaboración conjunta de los mismos. Entre los acuerdos que han recibido la aprobación del Ejecutivo también destaca la firma de un convenio entre España y Turquía para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.