OPINIÓN Julia Navarro
Ahorradores angustiados
La Bolsa baja y la vida sube. Al Gobierno le cuadran -dice- las grandes cifras de la macroeconomía pero a los ciudadanos de a pie se les acumulan las deudas. Nunca hubo tanta gente hipotecada; nunca fue tanta la gente que habla de ahorros que se han evaporado por el camino de inversiones que se prometían seguras. El sueño del «capitalismo popular» está despertando convertido en pesadilla para miles de pequeños y medianos ahorradores. Invertir en Bolsa no es abrir una libreta de ahorros. Quien lo hace asume un riesgo, unas veces se gana, otras se pierde. Ese es el juego de la bolsa, pero como todo juego también éste tiene sus reglas que cumplir. Y la primera de ellas es que la información que facilitan las empresas acerca de sus estados contables, sean veraces. Así lo establece la ley y por el cumplimiento de esa norma han de velar los poderes públicos. Sin embargo, hemos visto que no siempre sucede. El caso del fraude financiero de Enron en los EE.UU. ha devenido en paradigma de un forma tramposa de hacer que ha llevado a la ruina a miles de pequeños accionistas mientras los directivos tramposos -manejando información privilegiada- encima, obtenían grandes beneficios. En España el caso Gescartera todavía está en el circuito judicial. Mas allá de la marcha de las empresas, la actividad económica de un país tiene mucho que ver con la confianza de la gente en las instituciones financieras. En suma con la probidad de quienes gestionan las cosas y se atienen a las normas. El Gobierno no tiene jurisdicción sobre el tobogán de la Bolsa -eso depende del mercado- pero sí es tarea suya velar para que la transparencia informativa presida las rendiciones de cuentas de las empresas. Las auditorías son esenciales porque son la garantía de que el inversor tiene datos reales, no perfiles de economía virtual. Extremar la vigilancia en ese territorio deviene hoy en una necesidad. Reducir la angustia de miles de pequeños ahorradores por todos estos fraudes -se calcula que en España hay alrededor de cinco millones de familias que participan en la Bolsa es poco menos que una obligación moral de este y de cualquier Gobierno-