La justicia italiana secuestrará bienes del Gobierno argentino que se encuentran en el exterior del país

Un tribunal de Italia autorizó el secuestro preventivo de los bienes que el Estado argentino tiene en el exterior con el fin de resguardar los intereses de los ciudadanos de ese país que invirtieron en bonos de la deuda. Se calcula que 350.000 italianos poseen títulos de la deuda argentina por más de 1.350 millones de euros. La decisión de la magistrada romana Antonella Izzo se fundó en el reclamo presentado por diez italianos que compraron, en 1998, a un banco de su país, bonos de la deuda argentina por 300 mil euros. En su resolución, Izzo autorizó el secuestro de «muebles, inmuebles y créditos de la República Argentina», tanto en Italia como en el exterior. La decisión sienta un precedente jurídico que podría complicar, aún más, la difícil situación que enfrenta Argentina en materia de pagos. Sin inmunidad Según explicaron los abogados que representan a los inversores, el fallo de Izzo determinó que el Estado argentino no goza de inmunidad ante los reclamos que se presentan por la falta de pago de los bonos, que devengaban altos intereses, pero que ahora son incobrables. La ejecución del fallo podría complicar la recepción, por parte de Argentina, de algunas líneas de crédito concedidas recientemente por Italia, entre ellas, una de 100 millones de euros destinada a ayudar a las pequeñas y medianas industrias. En el plano interno, Argentina sigue convulsionada por las resoluciones judiciales que declararon inconstitucional el decreto del Gobierno que frena, hasta febrero, la entrega a los ahorradores de los depósitos atrapados en el corralito. La salida de fondos del «corralito» por fallos judiciales representa un flujo de más de mil millones de pesos por mes, algo que el Ministerio de Economía, los banqueros y el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran un obstáculo para ordenar el caótico sistema financiero nacional. En ese sentido, la semana próxima se conocerán las recomendaciones del grupo de expertos internacionales que fue designado por el FMI para acercar posiciones y eliminar las trabas que entorpecen las negociaciones entre ese organismo y el Gobierno. Durante las reuniones que mantuvieron esta semana en Buenos Aires con los funcionarios argentinos, los expertos recomendaron suspender los amparos judiciales que habilitan a los ahorradores a retirar sus depósitos. También se manifestaron contrarios a la instrumentación de una nueva convertibilidad o a la «dolarización» de la economía.