Bush firma una ley que llevará a prisión a ejecutivos que falseen cuentas

«Ninguna junta directiva está al margen de la ley», dijo Bush, quien como antiguo empresario llegó a la Casa Blanca enarbolando las causas de la libre empresa. Aunque no nombró a las compañías implicadas, Bush se refirió a las irregularidades que han mermado la confianza en los mercados bursátiles y en la recuperación económica. Se calcula que algo más de 80 millones de estadounidenses participan en los mercados financieros, al invertir en las cerca de 17.000 compañías que cotizan en bolsa. La mayor reforma legal desde la presidencia de Franklin Roosevelt (1933-45), aprobada por el Congreso el pasado jueves, tiene como objetivo impulsar la transparencia del sistema de contabilidad de las empresas. Así, establece una junta independiente que vigile a las auditoras, restringe las tareas de consultoría que puedan realizar esas empresas y pone en marcha una serie de medidas de contabilidad más estrictas. También exige a las empresas que elaboren informes financieros fiables y otorga a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) más recursos para investigar los casos de fraude y las irregularidades contables. La nueva legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel s para quienes permitan la destrucción de documentos financieros, como sucedió en el caso del gigante energético Enron. Además prohíbe que los ejecutivos obtengan préstamos personales de sus empresas, una práctica hasta ahora habitual, que fue incluso utilizada por el propio Bush cuando era director de la empresa Harken Energy en los años 90. Bush salpicó su discurso con parábolas para describir las ventajas del sistema capitalista, pero advirtió de que el libre mercado «no es una jungla en la que sólo sobreviven aquellos sin escrúpulos». Para Bush, las reglas que cuentan son las que impone el sistema y los únicos riesgos aceptables en el vaivén de la bolsa «tienen su base en información» veraz, no en informes financieros fraudulentos como los que elaboraron algunas empresas en aparente connivencia con algunos bancos e instituciones financieras. Agregó que la práctica de los «criminales corporativos» de engañar a un inversor para que arriesgue su dinero -como ocurrió en empresas como Enron, Qwest, Global Crossing y Worldcom- es «un robo» que se castigará con penas de hasta 25 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares. La ley, criticada por quienes consideran que sólo hace falta hacer cumplir la legislación ya existente, obedece a la serie de fraudes contables que precipitaron la caída de la bolsa hace dos semanas.