Hacienda cree que los ayuntamientos no perderán por quitar el IAE
El Ministerio de Hacienda prevé un plazo de tres meses, de enero a abril del 2003, para que los ayuntamientos, cabildos y corporaciones locales adapten sus normas al nuevo modelo de financiación local que se establecerá antes de que acabe este ejercicio, y que deja exentos del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al 92% de las empresas y a todos los autónomos españoles. Como compensación de gran parte de los 847 millones de euros de recaudación municipal que se perderán por al eliminación del IAE, se elevará la cuota a pagar a las grandes empresas (unas 350.000) entre un 10 y un 35 por ciento, pero la norma permite además, a discreción de los ayuntamientos, establecer diferentes niveles de pago el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI o contribución urbana), gravar más los que se refieran a viviendas desocupadas o dejar exentos en un 90 por ciento a las familias numerosas. También pueden marcar diferentes pagos en el Impuesto sobre Vehículos a Motor, según tipos o cilindradas, o crear exenciones a las tasas urbanísticas y las plusvalías de los terrenos urbanos, si se estima conveniente. Con ese planteamiento, el secretario general de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria, Antonio Beteta, aseguró en el Congreso este miércoles que los ayuntamientos tienen asegurado un superávit en sus cuentas. Es más, el nuevo modelo no sólo les garantizará el nivel suficiente de recursos, sino que Beteta garantiza que para tener superávit no será necesario que suban ningún impuesto sobre los niveles actuales. Tras el anuncio de ese plazo para poder aplicar el nuevo modelo de ingresos de las corporaciones locales en la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, el portavoz de la oposición socialista, Ángel Martínez Sanjuán, criticó la «perversidad» que conlleva tal posibilidad, si se tiene en cuenta que dos meses más tarde se celebran unas elecciones municipales y muchos de los equipos de Gobierno que decidirán sobre el modelo a aplicar en sus ayuntamientos, pueden no ser los mismos que gestionarán los municipios los cuatro años siguientes.