Las empresas agonizan y fían su futuro al nuevo plan de ayudas

A punto de cumplirse un año de pandemia y crisis, las empresas están al límite. Al menos las que han conseguido mantenerse, porque más de 100.000 ya se han visto obligadas a bajar definitivamente la persiana al no poder sobrevivir al impacto que ha supuesto el coronavirus en forma de restricciones y desplome de las ventas.

Las que resisten lo han hecho porque han tirado de sus ahorros y porque han acudido a la financiación avalada por el Estado a través del ICO en estos meses. Cuando todos los empresarios creían que con el nuevo año llegaría el inicio de la recuperación, se han dado de bruces con la realidad: tercera ola, más limitaciones, retraso en la vacunación y, por tanto, una recuperación que no comenzará hasta bien entrado este primer semestre. Por eso, muchas están ya al borde de la extenuación, principalmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), sin apenas músculo financiero para resistir más. El problema que tenían de liquidez se está convirtiendo en peligro de supervivencia. El porcentaje de las empresas insolventes se sitúa entre el 14% y el 19% en 2020, según el Banco de España, que pronostica que hasta un 10% serán inviables.

Ante esta grave situación, los empresarios lanzan un SOS al Gobierno. «Necesitamos ayuda. Estamos al límite», advierte el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que pide al Ejecutivo «no esperar sentado en la puerta hasta que llegue una vacuna» y darles «una solución». Advierten de que en esta ola ya no les sirven las actuales medidas, como los Erte, los créditos ICO o las prestaciones a los autónomos, sino que necesitan ya el pago de ayudas directas, al estilo de lo que han hecho otros países europeos.

Los Erte o el ICO «quizá sean de las poquitas medidas de calado que ha puesto el Gobierno de España encima de la mesa», se lamenta Cuerva, que muestra su deseo de «ser como nuestros socios europeos» y poder disfrutar de las vacaciones fiscales para 2020 y 2021 de Reino Unido, el reembolso de impuestos pagados de Grecia, las ayudas que Alemania abona a la hostelería o los bonos de 500 euros que dio Italia para el turismo.

Pese a ser el país más castigado de Europa, con una caída del PIB del 11%, España es el que menos ha gastado en forma de ayudas directas para paliar los efectos de esta crisis. Un informe del BCE publicado esta misma semana estima que las ayudas españolas representan el 1,3% del PIB, lo que supone casi una cuarta parte de lo que ha gastado la zona euro: un 4%. Estos cálculos discrepan con los que da el Ejecutivo español, que cuantifica en un 5,5% del PIB el gasto en ayudas, al incluir los ERTE, que no contabiliza el informe del BCE para ningún país y que supondrán más de 40.000 millones hasta mayo.

Algunos Gobiernos autonómicos han anunciado la puesta en marcha de programas de ayudas específicos para sectores en crisis. Pero con una heterogeneidad muy amplia y, en muchos casos, con anuncios que aún no han sido plasmados en los boletines oficiales y, por tanto, sin que ese dinero haya llegado a la calle.

El Gobierno ha recogido el guante y, presionado también por Unidas Podemos, ya ha confirmado que activará un plan de ayudas «para evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia», tal y como adelantó recientemente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El objeto de debate en su departamento es cómo hacer llegar esas inyecciones de dinero público al tejido empresarial.

Lo que está claro es que no se tratará de otro programa de financiación con créditos. El ICO ya ha regado con más de 115.879 millones a casi un millón de empresas, en un 80% de los casos pymes y autónomos. «La solvencia no la arreglas ahora con más créditos», apuntan fuentes gubernamentales. Los banqueros mantienen también esa opinión. La presidenta del Santander, Ana Botín, insinuaba el pasado miércoles que «pymes y autónomos necesitan ahora apoyos que van más allá del crédito». Pendientes de Bruselas.