El PSOE halla irregularidades en las cuentas de las empresas públicas

La Cuenta General del Estado de 1999 ha sido la primera en integrar la Cuenta General de las Administraciones Públicas estatales, la Cuenta General de las empresas estatales y la de las Fundaciones de competencia o titularidad pública estatal. El diputado del PP Juan Manuel Albendea Pabón reconoció la existencia de ciertas disfunciones en la Cuenta, pero las atribuyó a la utilización de la nueva metodología. En cambio, la diputada socialista María Teresa Costa habló de «errores y desequilibrios» que en caso de haberse producido en el sector privado «hubiesen tenido un alto coste». El informe del Tribunal de Cuentas explica que en la Cuenta General del Estado de 1999 «no figuraban incorporadas las cuentas de determinadas entidades», y especifica que la Cuenta General de las Administraciones Públicas «no se rindió completa», al no incluirse a trece organismos públicos. Indica que las modificaciones presupuestarias de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos y otros organismos públicos ascendieron a 3,4 billones de pesetas, lo que representa un incremento del doce por ciento respecto a los créditos iniciales. El Tribunal de Cuentas destaca que en los presupuestos de 1999 quedaron pendientes de aplicar operaciones por un importe de 637.560 millones de pesetas, de los cuales 500.173 millones correspondieron a operaciones de gasto, y 137.387 millones a partidas de ingreso. La portavoz socialista en la comisión mixta Congreso-Senado de relaciones con el Tribunal de Cuentas, Maite Costa, acusó a la Intervención General del Estado (IGAE) de haber contabilizado, en 1999, 3.600 millones de euros de deuda contraída por el Estado con Renfe como inversiones, lo que calificó de «grave negligencia o de trampa contable». La socialista hizo hincapié en las, a su juicio, graves irregularidades detectadas en el informe. Así, denunció esta contabilización errónea de deuda por parte del IGAE -a pesar de que Renfe comunicó correctamente sus datos, dijo-; la existencia de cuentas duplicadas; la no integración en la Cuenta General de los balances de organismos como el ICEX o la AECI; numerosas irregularidades en los saldos de empresas públicas; y «graves problemas» en lo referente a fundaciones públicas, con 13 de las 25 fundaciones registradas que no separaron sus actividades mercantiles de las propias de su actividad fundacional.