Luz verde al plan español de 1.000 M€ de ayudas a empresas por la pandemia
Las empresas españolas dispondrán de un fondo al que recurrir para recapitalizarse. MIGUEL RAMOS
La Comisión Europea aprobó ayudas estatales, el plan español para crear un fondo de 1.000 millones de euros para empresas activas afectadas por la pandemia de coronavirus. «Este régimen de recapitalización de 1.000 millones de euros permitirá que España preste apoyo a las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, facilitando su acceso a la financiación en estos difíciles tiempos», subrayó la vicepresidenta de la CE encargada de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado.
La Comisión concluyó que la medida es «necesaria, adecuada y proporcionada para poner remedio a una grave perturbación en la economía española».
Vestager encuadró esta decisión en el marco de la «estrecha cooperación» del Ejecutivo comunitario con los Estados miembros «para encontrar soluciones viables que mitiguen el impacto socioeconómico del coronavirus y sean acordes con la normativa europea sobre ayudas estatales».
La medida está disponible para empresas establecidas en España de cualquier sector, salvo el financiero, cuyos ingresos netos totales oscilen entre 15 millones y 400 millones de euros en base consolidada, y que atraviesen dificultades de capital debido al covid
Ahora bien, advirtió el Ejecutivo comunitario, las empresas que hayan recibido ayuda a través del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas aprobado por la Comisión en julio de 2020 no podrán acogerse a este nuevo régimen.
Por lo demás, la Comisión consideró que la medida española se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal, que está vigente hasta el 31 de diciembre próximo.
En particular, por lo que se refiere a las medidas de recapitalización, Bruselas recordó que las empresas solo pueden recibir ayuda si las empresas no se consideraba que estuvieran en dificultades financieras a 31 de diciembre de 2019.
Otro requisito es, añadió la Comisión, que el régimen proporcione una remuneración adecuada al Estado e incentive a los beneficiarios o a sus propietarios a devolver la ayuda lo antes posible (incluida una prohibición de reparto de dividendos y la prohibición de pagos de primas a los administradores).