La convergencia fiscal en Europa

El Consejo europeo de ministros de Economía ha vuelto a fracasar en el intento de lograr un acuerdo de última hora sobre la armonización fiscal. Así llevan cinco años, aunque todos los gobiernos habidos desde entonces se han manifestado siempre partidarios de algún tipo de acuerdo fiscal de mínimos acerca del ahorro de los inversores, el código de conducta de las empresas y la imposición transfronteriza. De hecho la armonización fiscal es una condición indispensable para que pueda desarrollarse un mercado de capitales unificado que permita la movilidad competitiva de las inversiones. También evitaría que se ampliase la deslocalización del ahorro y con ella la caída de la imposición al capital (que se ha reducido en 7 puntos en los últimos diez años) en detrimento de la fiscalidad sobre el trabajo (que ha aumentado en 10 puntos). Es difícil que prosperen las fusiones empresariales transfronterizas, la creación de la Eurobolsa, la apertura del mercado de pensiones privadas o el desarrollo del mercado electrónico sin unas reglas del juego fiscal que eviten la competencia desleal en un mercado monetario único sin riesgo de tipo de cambio. Parece demostrado que los países privilegiados no van a ceder la opacidad y ventajas fiscales que tantos ingresos procuran a Bélgica y Austria y, especialmente a Gran Bretaña con los eurobonos y a Luxemburgo con los fondos de inversión. Ni van a cerrar los paraísos fiscales de las ex colonias británicas y holandesas. Parece demostrado que, tal como denunció Prodi en el caso del incumplimiento del Pacto de Estabilidad, la Comisión Europea carece del suficiente poder para imponer los acuerdos aceptados por las partes. Además, para poder ser eficaz cualquier acuerdo tendría que extenderse a otras zonas europeas.