La banca duda en el límite que aplicará en las ayudas a los hipotecados ante la subida de tipos

La brusca escalada del euríbor ha provocado una movilización casi sin precedentes del sector financiero en busca de una solución, junto con el Ministerio de Economía, para las familias que no puedan hacer frente al encarecimiento de sus hipotecas. Las medidas planteadas van desde la aplicación de moratorias en el pago del principal hasta la congelación completa de las cuotas durante un periodo de 12 meses. Pero, según indican fuentes de las negociaciones, el centro de la discusión se centra estos días en delimitar a qué tipo de clientes se aplicará la propuesta que finalmente se decida.

Ya se sabe que las ayudas se destinarán a familias vulnerables. «El problema es que, por lo característico de la crisis actual, pueden existir hogares que actualmente no cumplen los requisitos para acceder al apoyo que se ofrece a través del código de buenas prácticas del sector», indican desde el sector.

Los datos que maneja el Banco de España son elocuentes. El supervisor estima que actualmente existen un millón y medio de familias altamente endeudadas —que emplean más del 40% de sus ingresos a pagar cargas financieras— tras sumarse 350.000 desde el inicio de la pandemia. Los bancos coinciden en que el perfil de vulnerable ha cambiado en esta crisis, con hogares que han visto cómo la inflación ha desbaratado su presupuesto provocando que ahorrar a fin de mes sea casi un milagro tras afrontar la subida de la cesta de la compra o de servicios básicos como la luz o el gas. Así que modificar la definición de vulnerable resulta crucial. Y aquí es donde la discusión parece encallada.

El sector rechaza de momento cuantificar el saldo vivo que podría acogerse al futuro plan de ayudas. Pero, en general, se estima que los préstamos más sensibles a la brusca subida del euríbor serían, sobre todo, los variables firmados en los últimos cinco o seis años, teniendo en cuenta que es en los primeros años del préstamo cuando se pagan más intereses frente al principal.

Actualmente, el código de buenas prácticas denomina como vulnerables a las familias cuyos ingresos no superan el límite de tres veces el Iprem (6.948,24 euros al año) o a las que, en los cuatro años anteriores a la solicitud de la ayuda «hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas». Esto es, que el esfuerzo que supone la carga hipotecaria se haya multiplicado por al menos 1,5 veces. El sector no quiere otra grave crisis reputacional como la que vivieron con el techo de las hipotecas.