El Gobierno está abocado a aplicar un ajuste «doloroso» para reducir el déficit
Quitar ayudas contra la inflación y la crisis energética no basta y serán necesarios esfuerzos adicionales por años
La vicepresidenta económica Nadia Calviño, en un acto celebrado esta semana. MIGUEL A. MOLINA
El futuro es, por definición, incierto. Pero en las actuales circunstancias la incertidumbre es aún mayor. Una situación geopolítica internacional convulsa, con las guerras de Rusia-Ucrania y Hamás-Israel; un ‘impasse’ nacional sin garantías de que vaya a haber investidura; y, por supuesto, sin Presupuestos Generales del Estado para 2024. Así que posiblemente la máxima de Pascal sea la única certeza: «Nada prueba nada, sino que es cierto que todo es incierto».
Mientras tanto, se siguen haciendo números sobre el papel. Porque pasada la pandemia y viendo que la guerra de Ucrania se va a prolongar, la Unión Europea quiere volver a la ortodoxia macroeconómica y a la senda de reducción del déficit público y de la deuda pública. En ese camino, cada vez está más claro que «va a hacer falta un esfuerzo adicional, solo con suprimir las ayudas no va a ser suficiente para recortar el déficit al 3%», explica María Jesús Fernández, economista sénior en el área de Coyuntura Económica de Funcas.
Bajar el déficit al 3% en 2024, como prevé el Gobierno, frente al 3,9% del PIB como espera cerrar este año supone un recorte de casi un punto porcentual del PIB, es decir un ajuste de más de 14.000 millones de euros. Y eso si se acaba el año con solo el 3,9% de déficit. En realidad, otros organismos como la Comisión Europea o el Banco de España calculan que el desfase entre ingresos y gastos será más elevado este año y se situará más cerca del 4,1%.
En lo que coinciden todos, desde la OCDE, el FMI, la Comisión Europea, la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), Funcas o BBVA Research es que, para reducir el déficit, hay que eliminar todas las ayudas indiscriminadas que se aprobaron temporalmente para paliar el impacto de la subida de precios en los alimentos y en la energía. Y también serán imprescindibles otras medidas de ajuste. Estas ayudas ‘mueren’ el 31 de diciembre de este año, salvo que el Gobierno decida prorrogarlas. En el Plan Presupuestario enviado a Bruselas la única medida que contempla prorrogar es la subvención al transporte público. La Autoridad Fiscal Independiente valora el coste de las medidas en 15.000 millones de euros en 2023: se han perdido 5.822 millones de recaudación por la rebaja del IVA a la luz, el gas y los alimentos, y la reducción del Impuesto Especial a la electricidad.
A su vez, el gasto ha aumentado en 9.114 millones de euros por la bonificación a los carburantes, las ayudas sectoriales y a particulares. En 2024, el impacto se reduce a 1.600 millones si no se prorrogan.
Pero esto no es simplemente una operación de suma o resta. Entran en juego muchas variables. El crecimiento económico estará más debilitado el año que viene y esa desaceleración impactará en un menor empuje del consumo y del empleo. «La recaudación por consumo o por IRPF se puede moderar», señala Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, «por lo que el déficit no va a mejorar por el ciclo económico». «Todo lo que baje del 4% vendrá de las medidas que se tomen», señala Cardoso, que reconoce que «cualquier proceso de consolidación fiscal va a ser doloroso».
Según los datos del Gobierno, las ayudas suponen ocho décimas de PIB. Insuficiente para reconducir el déficit al 3%. Funcas estima que habrá que bajar de un déficit de 60.000 millones este año a casi 46.000 millones el año que viene y que el ajuste debería hacerse por la vía del gasto.
Además, los expertos subrayan que las ayudas aprobadas contra la crisis no reducen la desigualdad porque se aplican a todos. «No desperdiciemos recursos», subraya Cardoso. «Las ayudas deben ir a las familias vulnerables». Aunque con el precio del petróleo disparado, que los ciudadanos vuelvan a pagar de golpe mucho más por la luz, el gas, el transporte o los alimentos puede tener un coste político para el Gobierno tan grande que intente eludirlo con nuevas ayudas, especialmente si hay nuevas elecciones. A juicio de María Jesús Fernández, «hay mucho margen para reducir el gasto público sin afectar a la calidad de los servicios públicos» porque hay gastos ineficientes.