La resistencia de banca y energéticas fuerza al Gobierno a bajar el impuesto
Ajustes de tipos, una adaptación según vaya la economía o créditos fiscales definirán el tributo tras las críticas de esta semana
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. KIKO HUESCA
Una de las primeras patatas calientes del futuro Gobierno de coalición —si finalmente sale adelante la investidura de Pedro Sánchez antes del día 27— tiene nombre propio: la prórroga del impuesto extraordinario a la banca y las energéticas. O más bien la «modificación» del gravamen, como reza el acuerdo entre PSOE y Sumar. O incluso el «ajuste» del tributo, como indicaba esta semana el número dos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
No está claro cómo quedará esta controvertida figura fiscal por la que las entidades financieras, las eléctricas y las petroleras han pagado este año 2.900 millones de euros.
La única verdad casi absoluta es que, de una forma u otra, ambos sectores tendrán que seguir sufragando este impuesto derivado de la escalada de tipos de interés y la subida de los precios energéticos, respectivamente. Otra verdad que casi se puede dar por sentada: el gravamen no será el mismo a partir del 1 de enero de 2024, tal y como apuntan diversas fuentes de la negociación política y gubernamental que participan en este proceso. Porque ni los tipos seguirán subiendo mucho más allá del 4,5% actual; ni el precio del barril de Brent se situará en los 120 dólares; ni la economía carburará como lo estaba haciendo hasta ahora, por encima del 2%. Y todos estos factores irán rebajando previsiblemente el impacto del impuesto en las cuentas de resultados de ambos sectores cuando definitivamente se ponga en marcha.
Ejecutivos y grupos políticos
Aunque los avisos de los directivos financieros y energéticos han sido constantes en estos últimos días de presentación de resultados, la advertencia de mayor calado ha llegado estos días por parte de Repsol. La compañía ha dejado en ‘stand by’ dos proyectos industriales en su planta de Petronor de Vizcaya después de que el consejero delegado de la corporación, Josu Jon Imaz, criticara la prórroga del impuesto y anticipara que Repsol podría paralizar inversiones. También el CEO de Endesa, José Bogas, ha criticado que el gravamen es «discriminatorio e injustificado». Por su parte, los ejecutivos de la banca cotizada (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Unicaja) han advertido sobre el problema que conllevará una prórroga ante un ciclo bajo económico.
Su presión llega a la coalición por diferentes vías. Una de las más importantes es la parlamentaria. Necesitará los votos de partidos como el PNV o Junts también para sacar adelante el proyecto del impuesto extraordinario. Ambas formaciones son conscientes del impacto empresarial que tiene esta medida en cada uno de sus territorios, y lo que se pueden jugar, lo que obliga a hacer ajustes y encaje de bolillos, admiten fuentes parlamentarias.
Ingresos elevados en 2024
Entre el abanico de alternativas se encuentra una rebaja del tipo aplicado en el gravamen:la banca paga hasta ahora un 4,8% y las energéticas un 1,2% sobre sus ingresos anuales. Para Juan Daniel Londoño, director en el área de Fiscalidad de los Servicios Financieros en KPMG Abogados, «si el Gobierno pretende prorrogar esta prestación patrimonial, tendría sentido una reducción del tipo, no un incremento».
Para hacer este encaje de bolillos, Hacienda valora cuál va a ser el volumen de negocio bancario y energético en 2024. Por ahora, no dan síntomas de flaqueza, una realidad sobre la que presionarán los grupos de la izquierda parlamentaria para no rebajar el gravamen. De hecho, los ejecutivos han anticipado que, en el caso de las financieras, los beneficios seguirán elevados el próximo año. «El conflicto bélico en Oriente Próximo y la continuidad de la guerra en Ucrania no ayudan a que las circusntancias que justificaron su imposición temporal desaparezcan», sostiene Enric R. Bartlett, profesor del departamento de Derecho en Esade. «Si las circunstancias desaparecen, también lo hace la justificación de la exacción en los términos actuales», admite. Otra posibilidad de ajuste que manejarán los técnicos pasa por mantener el impuesto pero aprobar créditos fiscales para esas empresas. Esto es, una especie de saldo a favor de la compañía, que puede usar durante varios años a corto o medio plazo, cuando rinda cuentas con Hacienda. Esa mochila ‘positiva’ para el contribuyente se puede generar vía incentivos. Por ejemplo, que «las empresas energéticas impulsen sus inversiones en la transición verde», destaca Massimo Maoret, de Dirección Estratégica de IESE.