Las autonomías se replantean su esquema fiscal

Tras las elecciones autonómicas, las comunidades que pasaron a ser gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cantabria o La Rioja, anunciaron que se suprimiría el pago del Impuesto de Patrimonio (mediante bonificaciones y límites exentos porque el impuesto es estatal y no se puede eliminar por los gobiernos regionales). Extremadura aprobó en septiembre un decreto ley por el que, entre otras rebajas fiscales, se establece una bonificación del 100% en el Impuesto del Patrimonio «con el objetivo de atraer a la Comunidad Autónoma más talento con capacidad inversora». Extremadura se sumaba así a lo establecido en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid y Andalucía, donde el Impuesto sobre Patrimonio está bonificado al 100%. En Galicia, otra autonomía del PP, la bonificación es del 50%; en Murcia se aprobó para este año un mínimo exento de 3.700.000 euros, que es la cantidad a partir de la cual se tributa en el impuesto a las grandes fortunas.

Como el impuesto a las fortunas permite deducirse la cuota declarada en Patrimonio, la realidad es que solo lo abonan los contribuyentes que no pagan Patrimonio. Pero mientras la recaudación de Patrimonio está cedida a las comunidades autónomas, la del impuesto a las grandes fortunas va a parar a las arcas del Estado. Por eso, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido recuperar el Impuesto sobre Patrimonio para que la comunidad reciba esa recaudación y bajar otros impuestos. En esa línea, Cantabria ha optado por retrasar la derogación de Patrimonio mientras se mantenga el impuesto a los ricos,