Telefónica deberá indemnizar al Estado al aplicar otro ERE después de diez años
En 2013, el Gobierno aprobó la ‘cláusula Telefónica’ y ya tuvo
Telefónica vuelve a utilizar, después de diez años, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para realizar un nuevo gran ajuste de plantilla que se negociará estas semanas. La última vez que había aprobado uno fue de 2011 a 2013, cuando salieron 6.830 personas de su plantilla. Después, la compañía decidió cambiar el formato de salidas por la polémica suscitada por el coste que tienen para el Estado los despidos colectivos, cuando Telefónica era (y es) una empresa con elevados beneficios. De ahí surgió la modificación de la ley mediante la denominada ‘cláusula Telefónica’ por la que las grandes compañías con beneficios que apliquen un ERE tendrán que asumir el coste del desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social.
En aquel momento, la empresa llegó a pagar 350 millones de euros al Estado, una cantidad que podría ser similar en esta ocasión si los despidos llegan a los 5.000 trabajadores que pronostica el mercado. Por ello, para evitar las críticas y la compensación al Estado, la compañía pasó al sistema PSI o de bajas voluntarias, por el que salieron de 6.124 trabajadores entre 2016 y 2018, otros 2.636 en 2019 y 2.210 personas más en 2021. En total, la compañía ha recortado plantilla en más de 42.000 personas a través de ERE o PSI desde el año 2000.
Entonces, por qué volver al ERE. Algunos expertos reconocen que pese al posible daño reputacional y la indemnización, este sistema beneficia a la compañía porque puede ofrecer a los trabajadores el mismo neto con menos bruto. Es decir, pagará menos por despedido pero ellos recibirán lo mismo o incluso más que con un plan de salidas voluntarias, porque los ERE tienen una fiscalidad más favorable al trabajador. Por otro lado, aunque es una opción más remota, los planes PSI no permiten salidas forzosas, sino que solo se recorta plantilla de forma voluntaria, mientras que en los ERE puede haber despidos forzosos.